15.09.2026 / EN LUCHA
La UBA realiza una jornada de clases públicas y servicios de salud en reclamo por la Ley de Financiamiento
La actividad se realizará este martes en Plaza de Mayo, frente al Ministerio de Economía, con atención gratuita, clases abiertas y muestras científicas, en el marco del reclamo por la aplicación efectiva de la norma.
Ante la continuidad del incumplimiento por parte del Gobierno de la ley aprobada un año atrás, profesionales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) realizarán este martes una jornada de visibilización en Plaza de Mayo, donde habrá clases públicas, servicios gratuitos y actividades académicas y científicas desde las 8 hasta la medianoche, bajo la consigna “¡Milei, cumplí la ley!”.
La propuesta, impulsada por distintos sectores de la comunidad universitaria junto con trabajadores no docentes y agrupaciones estudiantiles, incluirá atención sin costo en odontología, óptica, veterinaria y clínica médica, además de asesoramiento jurídico y contable y espacios de orientación psicológica. Las actividades se desarrollarán frente al Ministerio de Economía, mientras que las facultades mantendrán sus clases con normalidad.
Los 13 decanos de las facultades de la UBA también ofrecerán clases magistrales abiertas al público y la universidad presentará proyectos de investigación y desarrollo científico-tecnológico, entre ellos un auto de competición construido por estudiantes y docentes. Con la jornada, las organizaciones buscan mostrar el alcance de la universidad pública y, al mismo tiempo, denunciar el desfinanciamiento, el deterioro salarial y la falta de actualización de las becas.
El conflicto por el financiamiento universitario
La Ley 27.795 fue sancionada en 2025 después de que el Congreso rechazara el veto del Poder Ejecutivo, pero el Gobierno suspendió su aplicación mediante el Decreto 759/2025. La disputa llegó a la Justicia y, en diciembre de ese año, el juez Martín Cormick ordenó al Ejecutivo aplicar la norma tras una presentación del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), decisión que luego fue ratificada en distintas instancias hasta quedar firme tras el rechazo de la Corte Suprema al recurso del Estado el 25 de junio de 2026.
El reclamo se profundizó el 1° de septiembre, cuando Cormick ordenó al Poder Ejecutivo ejecutar “de forma inmediata” las partidas previstas por la ley para funcionamiento, salarios, becas e investigación. El Gobierno sostuvo que ya había cumplido mediante el acta acuerdo del 10 de junio y los aumentos otorgados, pero los gremios cuestionaron esa posición y señalaron que la propuesta salarial del 3% presentada por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, resulta insuficiente frente a un atraso acumulado del 33,4% más retroactivos respecto del IPC.
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