Rectores universitarios miembros del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) movilizarán a Plaza de Mayo para reclamar al Gobierno el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, luego de que el juez federal Martín Cormick ordenara su aplicación y declarara inconstitucional el decreto 759/2025 que había condicionado su ejecución. Desde las 14.30, los docentes reiterarán el pedido por el “cumplimiento pleno y efectivo” de la norma.
La medida servirá de antesala para la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para el jueves 15 de octubre frente al Congreso. Esta, coincidirá con una sesión especial impulsada por bloques opositores y tendrá como otro eje la discusión del Presupuesto 2027, puesto que contempla unos $7,3 billones para las universidades nacionales, mientras que el CIN reclama $11 billones.
A través del decreto alcanzado por la Justicia,
Javier Milei había promulgado la ley, pero condicionado su puesta en marcha a la determinación de las fuentes de financiamiento y a la incorporación de las partidas correspondientes al Presupuesto. Cormick consideró que la propia Ley 27.795 establecía pautas para financiar sus medidas y otorgaba al Ejecutivo facultades para realizar las adecuaciones necesarias.
El magistrado también tomó en cuenta el escenario presupuestario y un cálculo de la Oficina de Presupuesto del Congreso que estimó que el costo de la ley durante 2025 representaba alrededor del 0,23% del PBI nominal proyectado. Además, incorporó los acuerdos alcanzados en junio entre el Gobierno, el CIN y los gremios, que contemplaron una recomposición salarial acumulada del 24,33%, una suba del 20% para gastos de funcionamiento, $50.000 millones adicionales para hospitales universitarios y un aumento del 50% para las Becas Manuel Belgrano.
La sentencia profundizó un conflicto que ya había generado medidas cautelares por los salarios docentes y no docentes y las becas estudiantiles.
En ese expediente, Cormick había intimado al Gobierno el 30 de septiembre a acreditar el cumplimiento de las obligaciones, mientras que la Casa Rosada sostuvo que los aumentos salariales acumulados desde diciembre de 2023 alcanzaban el 226,8% y pidió dejar sin efecto la posibilidad de aplicar sanciones económicas.
Frente al nuevo fallo, el Gobierno prepara una apelación mientras analiza cómo afrontar las obligaciones establecidas por la ley. La resolución de Cormick es de primera instancia y ordenó además al Poder Ejecutivo dictar las normas necesarias para garantizar el “cumplimiento inmediato” de la norma, por lo que la disputa continuará ahora en la instancia judicial superior.