El Gobierno británico salió a cuestionar la estrategia judicial impulsada por la administración de Javier Milei contra compañías extranjeras que desarrollan actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas y ratificó su respaldo a las empresas que operan en el archipiélago. En directrices oficiales, Londres sostuvo que apoya las actividades económicas que considera legítimas y el derecho de los habitantes de las islas a explotar sus recursos naturales.
“La posición del Gobierno británico es que Argentina no tiene derecho a ejercer jurisdicción sobre las Islas Malvinas ni a aplicar su legislación nacional en el territorio de las islas, ni tampoco respecto a ninguna empresa o persona física que participe en actividades comerciales en las islas o que estén relacionada con ellas”, afirmó el Reino Unido. También sostuvo que no existe fundamento jurídico para que tribunales extranjeros hagan cumplir las sanciones dispuestas por la Argentina.
La respuesta británica llegó luego de que el canciller Pablo Quirno presentara una denuncia contra la petrolera Navitas y otras cuatro compañías por presunta violación de la Ley 26.659, que sanciona las actividades hidrocarburíferas realizadas sin autorización argentina en la plataforma continental. La medida formó parte de una ofensiva anunciada por Milei para incrementar la presión sobre empresas vinculadas con la explotación de recursos naturales en Malvinas.
El Gobierno anticipó que ampliará las acciones contra otras firmas y proveedores relacionados con la exploración y explotación en las islas. “Cualquier empresa, cualquier proveedor que esté asociado a la exploración o explotación en Malvinas no va a poder hacer ningún tipo de acuerdo con el Gobierno argentino”, afirmó el vocero presidencial Adrián Ravier, quien mencionó entre las posibles restricciones el acceso al RIGI y la participación en proyectos como Vaca Muerta.
Reino Unido, por su parte, reivindicó su política de apoyo económico a las islas y aseguró que las medidas adoptadas anteriormente por la Argentina no impidieron el desarrollo de actividades comerciales en el archipiélago. El nuevo cruce volvió a exponer la disputa por la soberanía y por la explotación de los recursos naturales del Atlántico Sur, en un territorio cuya ocupación británica comenzó en 1833 y cuya soberanía reclama históricamente la Argentina.