La administración británica de las Islas Malvinas anunció una extensión inicial de cinco años para todas las licencias de producción de hidrocarburos offshore actualmente vigentes. La medida cuenta con el respaldo del Reino Unido y contempla la posibilidad de sumar otros dos años si las compañías cumplen con los programas de trabajo comprometidos.
“Estas prórrogas brindan seguridad a los operadores, permitiéndoles continuar invirtiendo y desarrollando sus áreas asignadas”, afirmó Cheryl Roberts, integrante de la Asamblea Legislativa isleña y responsable de Comercio, Industria y Recursos Minerales. La decisión también incluyó la autorización para que Navitas Petroleum Atlantic Limited adquiera una participación del 65% en el área PL001, cercana a otros proyectos petroleros de la cuenca norte.
El movimiento británico se produjo en medio de una escalada de medidas impulsadas por el gobierno argentino. La administración de Javier Milei inició procedimientos sancionatorios contra decenas de personas y compañías vinculadas con la explotación petrolera en las islas y envió al Congreso un proyecto para endurecer las penalidades contra empresas, accionistas y proveedores involucrados en operaciones sin autorización de la Argentina.
En el centro de la disputa aparece Sea Lion, proyecto operado por Navitas Petroleum, que posee el 65%, mientras Rockhopper Exploration controla el 35% restante. Las compañías proyectan iniciar la producción en 2028 con alrededor de 50.000 barriles diarios y sostienen que cuentan con permisos válidos otorgados por la administración isleña y respaldados por el Reino Unido. La Argentina, en cambio, considera ilegales esas actividades por realizarse en un área cuya soberanía reclama y sin autorización nacional.