Con 46 votos a favor y 22 en contra, el Senado aprobó con cambios la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el proyecto volverá a Diputados.
La sesión se puso en marcha luego de que dieran quorum, además del oficialismo, el PRO, el grueso de la UCR, Convicción Federal, el correntino Carlos Espínola y los senadores que responden a los gobernadores de Misiones, Salta, Tucumán y Neuquén.
Durante la votación en general, el texto reunió el acompañamiento de todos los bloques, salvo de Popular, que reúne las diferentes ramas del PJ. El peronismo acompañó las modificaciones para blindarlas en la Cámara que conduce Martín Me. En total, la iniciativa reunió 46 votos a favor y 22 en contra. De esta manera, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, se garantizó que, cuando el texto vuelva a ser tratado por Diputados, para su sanción definitiva, la Cámara baja debería reunir esa misma mayoría para insistir con su versión.
Uno de los cambios centrales del texto es la modificación del mandato del Banco Central. Se establece como misión primaria y fundamental preservar el valor de la moneda. De esta manera, se busca dejar atrás el esquema incorporado con la reforma de 2012, que además de la estabilidad monetaria contemplaba objetivos vinculados con la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. El cambio implica concentrar el accionar del BCRA en la estabilidad monetaria y, particularmente, en la lucha contra la inflación.
Otro de los puntos salientes es la prohibición del financiamiento del sector público por parte del Banco Central. El proyecto elimina la posibilidad de otorgar adelantos transitorios al Gobierno nacional y establece restricciones para otras formas de asistencia financiera directa o indirecta. La prohibición también alcanza al financiamiento de provincias y municipios.
La iniciativa incorpora un cambio en la forma de remover a las autoridades del Banco Central. Para desplazar al presidente o a los integrantes del directorio será necesaria una mayoría de dos tercios tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. La modificación apunta a elevar las barreras institucionales frente a cambios de conducción derivados de los ciclos políticos.
Los mandatos, sin embargo, no se extienden. El proyecto mantiene la duración actual de seis años y apuesta a reforzar la estabilidad de las autoridades mediante un mecanismo de remoción más exigente.