Qué fueron las Brigadas Rojas, la organización que integró el italiano que se fugó en San Telmo

La fuga de Leonardo Bertulazzi, el exintegrante de las Brigadas Rojas que escapó de su prisión domiciliaria en el barrio porteño de San Telmo, volvió a poner en primer plano una historia que conecta la violencia política italiana de los años 70 con una controversia judicial y diplomática que involucra a los gobiernos de Javier Milei y Giorgia Meloni.

Bertulazzi, condenado en Italia a 27 años de prisión, había conseguido en 2004 el reconocimiento como refugiado político en Argentina. Durante dos décadas vivió en Buenos Aires hasta que, en agosto de 2024, el Gobierno de Milei anunció la revocación de esa protección y ordenó su detención a pedido de las autoridades italianas.

El caso se convirtió en un conflicto jurídico sobre los límites de la extradición y el derecho internacional de los refugiados. Aunque la Corte Suprema argentina habilitó su entrega a Italia en julio de 2025, la defensa sostuvo que el estatus de refugiado seguía vigente y que el Estado no podía concretar la extradición sin resolver previamente esa cuestión.

Detrás de esa disputa aparece la historia de las Brigadas Rojas, una de las organizaciones armadas más conocidas de Europa durante la Guerra Fría, responsable de secuestros, atentados y asesinatos que marcaron profundamente la historia contemporánea italiana.

Qué fueron las Brigadas Rojas

Las Brigadas Rojas - Brigate Rosse, en italiano - surgieron en 1970 en el norte industrial de Italia. Fueron la principal organización armada de extrema izquierda del país y uno de los actores centrales de los llamados años de plomo, el período de violencia política que atravesó Italia desde finales de los años 60 hasta comienzos de los 80.

Su ideología combinaba elementos del marxismo-leninismo y distintas corrientes revolucionarias de la época. Sus fundadores, entre ellos Renato Curcio, Margherita Cagol y Alberto Franceschini, provenían de espacios de militancia estudiantil, universitaria y obrera.

La organización se desarrolló inicialmente en ciudades como Milán, Turín y Génova, donde existían grandes concentraciones industriales y una intensa actividad sindical y política.

Sus primeras acciones estuvieron dirigidas contra empresas, directivos y estructuras industriales. Incluyeron sabotajes, incendios y secuestros breves, pero progresivamente la organización adoptó una estrategia de mayor violencia.

El objetivo declarado era impulsar una revolución socialista mediante la lucha armada. Sus integrantes sostenían que las instituciones de la democracia italiana constituían instrumentos de dominación capitalista y que debían ser enfrentadas militarmente.

A mediados de los años 70, las Brigadas Rojas comenzaron a desarrollar una estrategia que denominaron “ataque al corazón del Estado”, dirigida contra funcionarios, magistrados, policías, dirigentes políticos y representantes de las instituciones.

Los años de plomo: una Italia atravesada por la violencia política

La aparición de las Brigadas Rojas debe entenderse en el contexto de los años de plomo, una etapa de enfrentamientos políticos, movilizaciones sociales y terrorismo que atravesó Italia durante buena parte de las décadas de 1970 y 1980.

La violencia no provenía exclusivamente de la extrema izquierda. Organizaciones neofascistas y de extrema derecha también protagonizaron atentados, algunos de ellos masivos, en un escenario de fuerte polarización política. Uno de los episodios que marcaron el comienzo de ese período fue el atentado de Piazza Fontana, en Milán, en diciembre de 1969, cuando una bomba provocó 17 muertos.

En los años siguientes, Italia experimentó una sucesión de atentados, secuestros y asesinatos, mientras el Partido Comunista Italiano se consolidaba como una de las principales fuerzas políticas del país. Las Brigadas Rojas rechazaban la estrategia institucional del comunismo italiano y consideraban que la transformación revolucionaria solo podía conseguirse mediante la lucha armada.

En 1976, la organización asesinó en Génova al fiscal general Francesco Coco y a dos integrantes de su custodia. Fue uno de los episodios que señalaron su paso hacia una campaña sistemática de asesinatos políticos.

El secuestro de Aldo Moro, el crimen que marcó a Italia

El acontecimiento más conocido de la historia de las Brigadas Rojas ocurrió el 16 de marzo de 1978, cuando un comando armado interceptó en Roma el automóvil en el que viajaba Aldo Moro, expresidente del Consejo de Ministros y uno de los principales dirigentes de la Democracia Cristiana.

Los atacantes asesinaron a los cinco integrantes de su custodia y secuestraron al dirigente. Moro era una figura central de la política italiana y uno de los impulsores del acercamiento entre la Democracia Cristiana y el Partido Comunista Italiano, una estrategia vinculada al denominado compromiso histórico.

Durante 55 días, las Brigadas Rojas mantuvieron cautivo al dirigente mientras reclamaban la liberación de militantes encarcelados. El Estado italiano rechazó negociar un intercambio de prisioneros y el 9 de mayo de 1978 Moro fue asesinado. Su cuerpo apareció en el baúl de un automóvil estacionado en el centro de Roma. El crimen conmocionó a Italia y se convirtió en el símbolo más conocido de los años de plomo.

También representó un punto de inflexión para las Brigadas Rojas, que comenzaron a enfrentar un aislamiento político cada vez mayor, incluso entre sectores de la izquierda y del movimiento obrero que habían pretendido representar.

Quién es Leonardo Bertulazzi y qué relación tuvo con las Brigadas Rojas

Leonardo Bertulazzi nació en Génova e integró durante los años 70 la estructura de las Brigadas Rojas que operaba en esa ciudad. En 1977 fue detenido en Italia después de un accidente con explosivos junto con otros integrantes de la organización. Permaneció encarcelado durante aproximadamente dos años y posteriormente recuperó la libertad.

La Justicia italiana lo vinculó con el secuestro extorsivo del empresario naviero Pietro Costa, ocurrido en Génova en 1977. La familia del empresario pagó un rescate de alrededor de 1.000 millones de liras.

Según la reconstrucción judicial italiana, parte del dinero obtenido en ese secuestro fue utilizado por las Brigadas Rojas para financiar su estructura clandestina, incluida la adquisición del departamento de Roma donde posteriormente estuvo cautivo Aldo Moro. Sin embargo, es importante distinguir esa vinculación financiera de una participación directa en el asesinato del dirigente democristiano.

Bertulazzi no fue condenado por el secuestro ni por el asesinato de Aldo Moro y, según la reconstrucción de su defensa, se encontraba detenido cuando ocurrió ese crimen. Tampoco fue condenado por un homicidio. Las condenas que motivaron el pedido de extradición italiano se relacionan con delitos como asociación subversiva, secuestro extorsivo y falsificación de documentos.

Su defensa también cuestiona las condiciones del proceso judicial italiano. Sostiene que algunas acusaciones se basaron en declaraciones de antiguos integrantes de la organización que colaboraron con la Justicia y denuncia irregularidades en la obtención de esos testimonios.

De la clandestinidad al refugio político en Argentina

En 1980, Bertulazzi abandonó Italia. Durante los años siguientes vivió en distintos países de Centroamérica y Sudamérica, hasta que ingresó en Argentina en 2001. En 2002 fue detenido en Buenos Aires a partir de una solicitud de extradición presentada por Italia, que reclamaba el cumplimiento de una condena de 27 años de prisión dictada en su ausencia.

La Justicia argentina rechazó entonces la extradición al considerar que el procedimiento italiano no había garantizado suficientemente su derecho a defenderse frente a las acusaciones.

El hecho de haber sido juzgado y condenado en ausencia fue uno de los elementos centrales del caso. En 2004, Argentina le reconoció formalmente la condición de refugiado político, bajo el sistema internacional de protección de refugiados y mediante la intervención del entonces Comité de Elegibilidad para los Refugiados (CEPARE), posteriormente reemplazado por la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE).

Durante los siguientes veinte años, Bertulazzi vivió en el barrio porteño de San Telmo. Su situación cambió radicalmente con la llegada de Javier Milei a la Presidencia y el fortalecimiento de la relación política entre el mandatario argentino y la primera ministra italiana Giorgia Meloni.

Milei, Meloni y el nuevo pedido de extradición

En junio de 2024, Giorgia Meloni invitó a Javier Milei a participar de la reunión del G7 celebrada en Italia. Los dos dirigentes, que comparten afinidades ideológicas y mantienen una relación política estrecha, protagonizaron encuentros públicos y privados que reforzaron el acercamiento entre sus gobiernos.

Diez días después de aquella reunión, según una reconstrucción publicada en agosto de 2025 por elDiarioAR, Italia solicitó nuevamente la detención de Leonardo Bertulazzi con fines de extradición. En agosto de 2024, el Gobierno argentino anunció su captura después de que la CONARE resolviera revocar su condición de refugiado.

El Ministerio de Seguridad, encabezado entonces por Patricia Bullrich, presentó el procedimiento como parte de la cooperación internacional contra el terrorismo. La sucesión de acontecimientos despertó cuestionamientos entre los abogados del exbrigadista y distintas organizaciones de derechos humanos.

Rodolfo Yanzón, abogado de Bertulazzi y querellante en causas por delitos de lesa humanidad de la última dictadura argentina, denunció en declaraciones a elDiarioAR la existencia de un acuerdo político entre ambos gobiernos. “La sucesión de hechos no deja dudas: acá hubo un pacto espurio que hicieron Milei y Meloni como parte de una alianza mayor de la ultraderecha internacional”, sostuvo el letrado.

La denuncia de Yanzón apunta a que los gobiernos habrían utilizado la cooperación judicial para avanzar sobre un derecho de refugio reconocido dos décadas antes. Se trata, sin embargo, de una acusación de la defensa y no de un pacto acreditado judicialmente.

Los cambios de Milei en la política de refugiados

El nuevo pedido de extradición coincidió con modificaciones impulsadas por el Gobierno argentino en el sistema de reconocimiento y protección de refugiados. En septiembre de 2024, Milei modificó por decreto la composición de la CONARE e incorporó representación del Ministerio de Seguridad.

Un mes después, también mediante un decreto, introdujo cambios en el régimen legal de reconocimiento y protección de refugiados. Estas decisiones fueron cuestionadas por organizaciones de derechos humanos, que advirtieron sobre el riesgo de subordinar los mecanismos de protección humanitaria a criterios de seguridad y política migratoria.

En el caso Bertulazzi, la defensa sostiene que esos cambios formaron parte de una estrategia destinada a facilitar su extradición a Italia. El expediente quedó nuevamente en manos de la jueza federal María Romilda Servini, quien había intervenido en el procedimiento original más de veinte años antes. En esta nueva etapa, la magistrada habilitó la extradición.

Yanzón cuestionó ese cambio de criterio y afirmó que la decisión solo podía comprenderse en términos de presión política. La Corte Suprema habilitó la extradición, pero persistió la disputa por el refugio. El 1 de julio de 2025, la Corte Suprema de Justicia argentina confirmó la procedencia de la extradición de Bertulazzi a Italia.

La decisión fue celebrada por autoridades de ambos países, entre ellas el entonces ministro italiano de Justicia, Carlo Nordio, y la ministra argentina Patricia Bullrich. Sin embargo, el pronunciamiento no puso fin al conflicto judicial.

La defensa sostuvo que, aunque la Corte había autorizado la extradición, todavía no estaba definitivamente resuelta la situación del estatus de refugiado que Argentina había reconocido en 2004. Para los abogados de Bertulazzi, esa protección impedía concretar su entrega a Italia mientras no existiera una decisión judicial firme que habilitara su revocación. El argumento se apoya en el principio de non-refoulement, o no devolución, uno de los pilares del derecho internacional de los refugiados.

Este principio establece que los Estados no deben devolver a una persona a un territorio donde su vida o su libertad puedan encontrarse amenazadas por motivos protegidos por la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Su aplicación concreta está sujeta a las condiciones y excepciones previstas por el derecho internacional.

Según la defensa, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) expresó su preocupación por la situación y realizó gestiones ante la Cancillería argentina.

La controversia planteaba así una cuestión que excedía la situación personal del exintegrante de las Brigadas Rojas: hasta dónde puede avanzar un Estado en la extradición de una persona a la que previamente reconoció protección internacional.

La intervención de Casación y el regreso a la prisión domiciliaria

Después del fallo de la Corte Suprema, Bertulazzi fue nuevamente detenido en su domicilio y trasladado a una dependencia de la Policía Federal Argentina. La medida fue cuestionada por su defensa, que presentó argumentos relacionados tanto con la vigencia de su protección como refugiado como con sus condiciones de salud.

En julio de 2025, la Cámara Federal de Casación Penal intervino en el expediente y cuestionó la decisión de mantenerlo encarcelado. El juez Alejandro Slokar sostuvo que la protección de refugiado concedida en 2004 seguía vigente y consideró que no se habían valorado adecuadamente las circunstancias médicas del detenido.

Bertulazzi tenía antecedentes de accidentes cerebrovasculares, y sus abogados advirtieron sobre los riesgos que podía representar su permanencia en prisión. La defensa también denunció las condiciones en las que había estado alojado en una dependencia policial, donde, según su relato, debió dormir en un colchón en el suelo y compartir una celda sin condiciones adecuadas.

Finalmente, el 25 de agosto de 2025, Servini aceptó los argumentos de Casación y dispuso su regreso al arresto domiciliario. La resolución permitió que Bertulazzi volviera a permanecer en su departamento de San Telmo mientras continuaba la controversia sobre su extradición.

El reclamo de los organismos de derechos humanos

La situación de Bertulazzi también generó pronunciamientos de organizaciones de derechos humanos de Argentina y otros países de América Latina y Europa.

En una carta pública, distintas organizaciones cuestionaron la condena dictada en ausencia por la Justicia italiana y las actuaciones del Estado argentino destinadas a concretar la extradición.

Los firmantes remarcaron que Bertulazzi no había sido condenado por delitos de sangre y defendieron la vigencia de la protección internacional que le había sido concedida. También advirtieron sobre las consecuencias que podría tener una extradición realizada sin resolver previamente la situación jurídica del refugio.

La discusión llegó además al ámbito del sistema interamericano de derechos humanos, donde representantes y organizaciones vinculadas al caso expresaron su preocupación. Para sus defensores, el expediente se convirtió en una prueba de la vigencia de los compromisos internacionales de Argentina en materia de refugio y protección frente a la persecución política.

Para los gobiernos argentino e italiano, en cambio, el caso forma parte de la cooperación judicial destinada a asegurar el cumplimiento de una condena penal firme.

La caída de las Brigadas Rojas y una historia que llega hasta el presente

La historia de las Brigadas Rojas no terminó con el asesinato de Aldo Moro. Durante los años siguientes, la organización sufrió una creciente presión policial y judicial, divisiones internas y un fuerte aislamiento político.

Uno de los episodios decisivos fue el asesinato de Guido Rossa, un obrero y sindicalista comunista de Génova que había denunciado la presencia de un integrante de las Brigadas Rojas en su fábrica. Su asesinato, en enero de 1979, provocó un profundo rechazo en el movimiento obrero y contribuyó al debilitamiento político de la organización.

Durante los años 80, las Brigadas Rojas se fragmentaron en distintas facciones y perdieron progresivamente su capacidad operativa. Aunque décadas después aparecieron grupos que reivindicaron su nombre, la organización original había quedado prácticamente desarticulada hacia finales de aquella década.

Casi medio siglo después de su participación en ese movimiento, Bertulazzi volvió a convertirse en protagonista de una controversia internacional. Su fuga de un departamento de la calle Defensa al 600, donde cumplía arresto domiciliario con una tobillera electrónica, abrió un nuevo capítulo de una historia que comenzó en la Italia de los años de plomo.

El Gobierno argentino lanzó un pedido de captura y ofreció una recompensa de 20 millones de pesos para obtener información sobre su paradero. El episodio dejó en suspenso la extradición que Italia reclama desde hace décadas y reavivó una disputa que combina memoria histórica, cooperación judicial, relaciones diplomáticas y derecho internacional de los refugiados.

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