06.10.2026 / UNIVERSITARIAS
Nuevo revés para Milei: la Justicia declaró inconstitucional el decreto que bloqueaba los fondos universitarios
El juez Martín Cormick hizo lugar a los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional, la UBA y otras universidades y ordenó al Gobierno aplicar de inmediato la Ley de Financiamiento Universitario. El fallo cuestionó la maniobra del Ejecutivo para suspender una norma ratificada por el Congreso tras el veto presidencial.
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11 declaró inconstitucional parte del Decreto 759/2025, mediante el cual el gobierno de Javier Milei había condicionado la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, y ordenó al Poder Ejecutivo avanzar de inmediato con su cumplimiento y con el giro de los recursos correspondientes a las universidades nacionales.
La decisión del juez Martín Cormick representó un nuevo revés para la Casa Rosada en su confrontación con el sistema universitario. El magistrado hizo lugar a las acciones de amparo impulsadas por el Consejo Interuniversitario Nacional, la Universidad de Buenos Aires y otras casas de estudio, y consideró que el Ejecutivo no podía promulgar formalmente una ley y, al mismo tiempo, impedir su aplicación mediante un decreto.
El Gobierno había argumentado que la norma no podía ejecutarse por falta de fuentes específicas de financiamiento y se había amparado en el artículo 5° de la Ley 24.629, que establece que “toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general debe especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”. Sin embargo, el juzgado sostuvo que la propia Ley de Financiamiento Universitario contemplaba mecanismos para afrontar los gastos previstos.
Cormick también remarcó que el Congreso ratificó la ley con las mayorías de dos tercios previstas por la Constitución después del veto presidencial. Para la Justicia, la decisión del Ejecutivo de condicionar posteriormente su aplicación funcionó en los hechos como una nueva instancia de veto, una atribución que la Constitución no contempla una vez que el Parlamento insiste con la sanción de una norma.
La sentencia ordenó al Poder Ejecutivo cumplir inmediatamente la Ley 27.795 y dictar las medidas reglamentarias y administrativas necesarias para hacerla efectiva. Además, impuso las costas del proceso al Estado Nacional, en otro fallo que volvió a limitar judicialmente la estrategia del Gobierno para frenar leyes sancionadas por el Congreso con impacto presupuestario.
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