10.11.2026 / RECLAMO
La Argentina pidió al Tribunal del Mar que frene el proyecto petrolero británico en Malvinas
El Gobierno reclamó medidas provisionales para impedir el avance de Sea Lion, que prevé iniciar las perforaciones en 2027. El Reino Unido rechazó la competencia del organismo y defendió las licencias otorgadas.
La delegación argentina presentó este martes sus argumentos ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), en Hamburgo, para conseguir que se suspendan las actividades vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la cuenca Malvinas Norte.
El embajador y asesor legal de la Cancillería, Mario Oyarzábal, cuestionó la decisión británica de otorgar permisos de exploración sin acuerdo con Buenos Aires y sostuvo que esas medidas profundizan el conflicto. La Argentina argumentó que las licencias contradicen la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y la Resolución 31/49 de la ONU, que insta a las partes a no adoptar decisiones unilaterales mientras continúa la disputa.
“En lugar de cooperar, concedió licencias de exploración de forma unilateral”, afirmó Oyarzábal ante los magistrados. También recordó que ambos países habían firmado en 1995 una declaración conjunta sobre cooperación en actividades marítimas en el Atlántico suroeste.
Por su parte, el especialista Marcelo Kohen defendió la competencia del Tribunal para resolver el pedido de medidas provisionales y aclaró que la solicitud no exige pronunciarse sobre la soberanía de las islas ni determinar cuál de los dos países es el Estado ribereño.
Según explicó, el objetivo es evitar una “alteración irreversible de la plataforma continental en disputa” y prevenir nuevas acciones que agraven la controversia. Las empresas estiman que el área de Sea Lion contiene unos 1.700 millones de barriles de crudo y proyectan comenzar las perforaciones en 2027, para alcanzar la producción comercial en 2028.
La reacción inglesa
La representación británica rechazó el planteo argentino y sostuvo que el organismo no tiene jurisdicción porque, a su entender, se trata de una controversia de soberanía territorial. La fiscal general Ellie Reeves afirmó que el Reino Unido no tiene dudas sobre su autoridad en las islas ni sobre sus derechos en las áreas marítimas adyacentes. Además, defendió las licencias y cuestionó la posición argentina, a la que acusó de haber “recrudecido agresivamente su retórica en las últimas semanas”.
Las audiencias continuarán este miércoles con una segunda ronda de exposiciones: la delegación argentina intervendrá entre las 10.30 y las 12, mientras que la británica lo hará de 17.30 a 19, en horario de Hamburgo. El pedido de medidas urgentes se presentó el 13 de octubre, en el marco del arbitraje iniciado por la Argentina el 28 de septiembre, cuyo tribunal todavía no está constituido. El Gobierno sostiene que esperar su conformación podría permitir que avance la explotación y se produzca un daño irreparable.
Tras las presentaciones, el Ejecutivo estima que el TIDM podría emitir una orden en un plazo de entre dos y cuatro semanas, aunque reconoce que la decisión depende de los magistrados y no tiene un resultado garantizado. El Tribunal puede aceptar el pedido, disponer medidas parciales o rechazarlo por falta de urgencia o de jurisdicción.
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