28.10.2026 / MALVINAS
Presionado por Trump, ahora el gobierno no quiere sancionar empresas que operen en Malvinas
El Gobierno modificó la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y redujo el universo de empresas que podrían ser sancionadas por sus vínculos con la explotación de recursos en Malvinas. Los cambios se produjeron después de que la administración de Donald Trump expresara su preocupación por el posible impacto de la iniciativa sobre compañías y fondos estadounidenses.
La nueva redacción limita la responsabilidad a operadores directos, licenciatarios, determinados proveedores y accionistas directos. Además, excluye a los accionistas minoritarios con participaciones de hasta el 2% y a fondos de inversión que no tengan poder de decisión sobre los activos involucrados.
El Gobierno también incorporó un criterio de intencionalidad para los proveedores. Para aplicarles sanciones deberá demostrarse que los bienes o servicios que suministraron eran indispensables para la actividad considerada ilegal por la Argentina y que conocían - o no podían desconocer - el destino de esas prestaciones.
Los cambios permitieron al oficialismo conseguir el dictamen de mayoría después de las dificultades que había encontrado el texto original y dejaron afuera del alcance de las sanciones a parte de los actores financieros indirectamente vinculados con las compañías que operan en el Atlántico Sur.
La advertencia de Estados Unidos
La modificación se produjo después de que la administración de Donald Trump transmitiera al Gobierno su preocupación por las consecuencias que podía tener la legislación para empresas estadounidenses.
El 22 de octubre, durante su visita a Buenos Aires, el subsecretario de Estado norteamericano Christopher Landau reconoció públicamente que Washington seguía la discusión.
"Nosotros estamos obviamente viendo los intereses de nuestras empresas. Es natural que cualquier país se preocupe por eso", afirmó Landau durante una conferencia de prensa junto al canciller Pablo Quirno. El funcionario aclaró que Estados Unidos respetaba el proceso legislativo argentino, pero confirmó que el posible impacto de las sanciones estaba bajo la mirada de Washington.
Días después se conoció que el Poder Ejecutivo había decidido rediseñar ese capítulo. Según publicó Río Negro, la decisión se produjo después de una reunión de Milei, Luis Caputo y Santiago Caputo con funcionarios vinculados al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. Tras ese encuentro, representantes del Gobierno trabajaron en las excepciones que finalmente fueron incorporadas al proyecto.
Desde la Casa Rosada rechazaron que las modificaciones fueran una concesión a Washington y las presentaron como "ajustes técnicos" destinados a delimitar artículos que, según la explicación oficial, habían quedado redactados de manera demasiado amplia.
Historia del conflicto por el proyecto
El cambio confirma el escenario que Política Argentina había adelantado, cuando reveló que el proyecto impulsado por Santiago Caputo había abierto un problema inesperado con Estados Unidos.
La versión original no se limitaba a las compañías que operaran directamente en las islas, sino que podía extender las penalidades hacia proveedores, accionistas e intermediarios financieros. Esa amplitud abría la posibilidad de alcanzar intereses estadounidenses vinculados directa o indirectamente con compañías que desarrollan actividades en el Atlántico Sur.
Entre los casos que aparecieron en la discusión estaba BlackRock, el gigante financiero estadounidense que posee participaciones en numerosas compañías internacionales. Política Argentina también había advertido que la redacción original podía generar consecuencias para empresas como Starlink, de Elon Musk.
La situación colocaba al Gobierno ante una disyuntiva: mantener el régimen amplio de sanciones anunciado como parte de su nueva política sobre Malvinas o modificarlo para evitar un conflicto con Estados Unidos, el principal aliado internacional de Milei.
Finalmente, el Ejecutivo eligió modificarlo.
Qué cambia en las sanciones por Malvinas
La diferencia entre ambas versiones es sustancial. El proyecto original buscaba extender la responsabilidad más allá de quienes explotan directamente recursos naturales sin autorización argentina y alcanzar a una red más amplia de actores económicos vinculados con esas actividades.
Con las modificaciones, quedaron exceptuados los accionistas con participaciones de hasta el 2% y los fondos sin capacidad de decisión. Para sancionar a proveedores, además, deberá acreditarse tanto el carácter indispensable del bien o servicio como el conocimiento de su utilización.
También se redujo de cinco a dos años la pena mínima de prisión prevista para proveedores de bienes esenciales y se modificó el esquema de multas.
El oficialismo consiguió así destrabar el dictamen de una iniciativa que había quedado empantanada en Diputados. La Libertad Avanza pretende llevar el proyecto al recinto el 12 de noviembre, aunque todavía existen diferencias con bloques aliados sobre otros capítulos de la iniciativa.
El resultado deja, de todos modos, una secuencia política clara: el Gobierno presentó un proyecto que prometía endurecer fuertemente las consecuencias para las empresas relacionadas con la explotación de recursos en Malvinas; Estados Unidos manifestó su preocupación por el posible impacto sobre sus compañías y, posteriormente, el Ejecutivo argentino aceptó reducir el universo de actores alcanzados por esas sanciones.
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