El Gobierno de Javier Milei introdujo una nueva modificación al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que genera controversia por su impacto potencial sobre la industria nacional. A través del Decreto 1366/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Ejecutivo estableció que las empresas constituidas y domiciliadas en la Argentina podrán ser consideradas proveedoras locales independientemente de la nacionalidad de sus accionistas o del origen de su capital. La decisión amplía el universo de compañías que pueden acceder a esa categoría dentro de los proyectos beneficiados por el régimen.
La modificación, firmada por Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y el ministro de Economía Luis Caputo, introduce cambios en la reglamentación original de la Ley Bases. A partir de ahora, una sociedad controlada por capitales extranjeros podrá ser reconocida como proveedora local siempre que esté constituida y radicada en territorio argentino. Aunque para los bienes continuará vigente el criterio de origen nacional establecido por el Mercosur, la decisión plantea un interrogante sobre la participación efectiva de las pequeñas y medianas empresas nacionales en las cadenas productivas de las grandes inversiones.
Desde el Ejecutivo justificaron la medida como una herramienta para incorporar a las empresas instaladas en el país a los proyectos estratégicos, sin establecer diferencias por la procedencia de sus capitales. Sin embargo, el cambio abre una discusión sobre el alcance de las políticas de desarrollo industrial: una compañía de capital extranjero podrá computar como proveedora local bajo los mismos criterios societarios que una firma de capital argentino. La controversia adquiere relevancia en un contexto de preocupación por la capacidad de la industria nacional para abastecer las inversiones comprendidas en el RIGI.
El decreto también flexibiliza las condiciones para la transferencia de acciones y la reorganización de las sociedades adheridas al régimen. Las empresas podrán incorporar nuevos socios, vender participaciones o modificar sus estructuras sin perder los beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios otorgados originalmente. En el caso de las uniones transitorias de empresas, los cambios deberán notificarse a la autoridad de aplicación, que dispondrá de 30 días para formular objeciones. Además, se establece un plazo único para cumplir con la inversión mínima de los proyectos de exportación estratégica de largo plazo.
Otra modificación alcanza al acceso al mercado de cambios, ya que el Banco Central podrá computar los dólares aportados o conseguidos mediante endeudamiento externo por accionistas, socios y casas matrices para evaluar determinadas condiciones de acceso. Con estas modificaciones, la administración libertaria profundiza su estrategia de facilitar las grandes inversiones privadas, mientras permanece abierto el debate sobre cuánto de ese movimiento económico se traducirá en producción nacional, empleo argentino y desarrollo de proveedores locales.