Este miércoles desde las 12, la Cámara de Diputados debatirá un paquete de proyectos impulsados por el oficialismo, con la
Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y la
reforma de la Carta Orgánica del Banco Central como los principales temas de una sesión que se anticipa extensa.
En ese marco, La Libertad Avanza cuenta con respaldo para aprobar en general la denominada Ley Malvinas, aunque las negociaciones con los bloques aliados siguen abiertas para sostener algunos artículos.
El temario también incluye acuerdos para transferir competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires en materia de delitos de menores y contra la integridad sexual, el Convenio de Libre Comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) y una enmienda al Protocolo de Montevideo.
Ley Malvinas
El capítulo 7 concentra las principales diferencias con los bloques dialoguistas y podría quedar afuera de la iniciativa durante la votación en particular. El apartado contempla cambios al sistema electoral y sanciones por financiamiento extranjero de campañas, operaciones de inteligencia, revelación de secretos de Estado y acciones de sabotaje. Para su aprobación se necesitan 129 votos, una mayoría que el oficialismo no tiene garantizada.
La reforma también amplía las facultades del Poder Ejecutivo ante una eventual "amenaza externa", crea el Consejo de Seguridad Nacional y habilita medidas de excepción como restricciones cambiarias y financieras, bloqueos de activos, suspensión de contrataciones y limitaciones al comercio exterior. Además, mantiene la posibilidad de derribar aeronaves y hundir buques, así como habilitar a las Fuerzas Armadas a participar en "operaciones no convencionales". La oposición cuestiona la amplitud de esas atribuciones y advierte sobre una concentración de poder. A pedido de aliados, se incorporó una comisión bicameral de seguimiento.
Reforma del BCRA
La otra iniciativa central de la jornada apunta a modificar la Carta Orgánica del Banco Central para consolidar la emisión cero como principio rector y prohibir el financiamiento al Tesoro, los adelantos transitorios, los préstamos a provincias y la compra de títulos públicos en el mercado primario. También elimina las atribuciones vinculadas a la orientación del crédito y establece como mandato central la preservación del valor de la moneda.
El oficialismo debió aceptar los cambios introducidos por el Senado, que modificó el mecanismo previsto inicialmente para remover a los integrantes del directorio y dejó esa facultad en manos de la Cámara alta, con una mayoría absoluta. La propuesta busca limitar las herramientas de futuras administraciones para financiar al Estado a través de la autoridad monetaria y restringir sus funciones a la política monetaria.