Abogados constitucionalistas advirtieron sobre las
consecuencias jurídicas y democráticas de incorporar las listas colectoras a la reforma electoral que impulsa el Gobierno, principalmente, porque podría alterar la distribución de la representación en el Senado y confundir a los votantes. Aunque algunos especialistas consideran que su aplicación para elegir diputados es constitucionalmente posible, observan con reparo su utilización para las bancas de la Cámara alta.
El principal cuestionamiento está relacionado con el
artículo 54 de la Constitución Nacional, que establece que cada provincia elige tres senadores: dos para la fuerza más votada y uno para la segunda.
Andrés Gil Domínguez sostuvo a
Noticias Argentinas que permitir que dos listas diferentes, vinculadas a una misma candidatura presidencial, compitan por esas bancas podría desvirtuar ese principio. "No son posibles", afirmó.
El abogado explicó que el escenario podría derivar en que dos fuerzas que respaldan al mismo candidato presidencial obtengan el primero y el segundo puesto, con lo que ambas se quedarían con las tres bancas en disputa y desplazarían a una tercera fuerza. Para ilustrarlo, planteó que una misma candidatura presidencial podría concentrar los votos de dos partidos diferentes y quedarse con la totalidad de la representación, a contramano del esquema tradicional.
Carlos Lombardi también puso el foco en las
consecuencias sobre la calidad democrática y la igualdad electoral. A su entender, las colectoras pueden "desnaturalizar la relación entre la voluntad del elector con las autoridades, con la representación política y sobre todo con el tema de la igualdad". Además, advirtió que la acumulación de votos para una candidatura común podría reunir apoyos de espacios con propuestas políticas diferentes y hasta contradictorias.
En una línea similar,
Diego Armesto cuestionó la
transparencia del mecanismo y sostuvo que "claramente lo que se hace es un engaño a la sociedad o al elector". Además, consideró que genera una
competencia desigual y dificulta que los ciudadanos tengan información clara sobre los candidatos que están eligiendo. También objetó que se introduzcan modificaciones en las reglas electorales a pocos meses de los comicios.
Los especialistas también recordaron antecedentes judiciales que alimentan las objeciones al proyecto. Gil Domínguez mencionó el denominado caso Bravo, en el que la Corte Suprema rechazó la posibilidad de sumar listas de distintos partidos para disputar una banca de senador y alterar la representación de las mayorías y minorías. Lombardi, por su parte, recordó que las colectoras se utilizaron entre 2007 y 2011 y que el decreto 259/2019 estableció su prohibición en los procesos electorales.
Las advertencias llegan mientras el oficialismo negocia con gobernadores y bloques aliados para conseguir los votos que permitan avanzar con la reforma, que también contempla la suspensión de las PASO para 2027.