A contramano de la supuesta búsqueda de cumplimentar la mayor cantidad de normas de transparencia posibles, principalmente en casos de alta trascendencia pública, algunas decisiones judiciales parecen ir en sentido contrario. En el marco de la investigación por el presunto encubrimiento agravado a ciudadanos iraníes prófugos por el atentado a la AMIA a raíz del memorándum con Irán que Claudio Bonadio cerró y elevó a juicio oral,
representantes de la defensa pidieron que el sorteo de jueces sea realizado de manera manual o, en su defecto, que se permita la participación de un perito informático de parte, pero la Cámara Federal de Casación Penal denegó ambos requerimientos y, en el mismo día, eligió al Tribunal Oral Federal 9.
"Por resultar improcedente y porque habría que obstaculizar los restantes sorteos pendientes de las causas ingresadas a tal fin al tribunal, no ha lugar y cúmplase con la totalidad de los sorteos en el orden que corresponde", afirma la resolución judicial, en un argumento que roza la coloquial respuesta de carecer de tiempo.
Ambos pedidos habían sido requeridos por la defensa del extitular de la AFI,
Oscar Parrilli, quien también es objeto de la causa en la que se investiga a la expresidenta
Cristina Fernández de Kirchner.
En diálogo con Política Argentina, desde el entorno de CFK explicaron que
la intención de un sorteo manual o bien de la participación de peritos informáticos de parte surgieron por "los ya conocidos fallos del sistema", a los que calificaron como
"manipulación".
Tanto la posibilidad de un sorteo manual como la participación de un perito de parte se enmarcan en las
reiteradas sospechas y denuncias de manipulación del sistema de sorteos informáticos, que realiza Casación Penal como entidad de superintendencia de los tribunales orales federales de todo el país, que en algunas oportunidades no pudo realizarlos porque, por ejemplo, el software donde se cargan los datos (número de expediente, cantidad de imputados, testigos, incidentes) arrojaba “error”.
De esta manera,
el Tribunal Oral Federal 9 quedó a cargo del juicio oral a senadora nacional de Unidad Ciudadana y otros exfuncionarios, en el marco de la causa que investiga a la exmandataria a raíz de la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman.
Se trata de una dependecia judicial sobre la que pensan graves cuestionamientos. Este 6 de febrero,
un sorteo del expediente por lavado de dinero contra el empresario Lázaro Báez y otras 24 personas -que fue elevado a juicio oral a fin de año por el magistrado Sebastián Casanello-,
expuso la sospecha de manipulación que pesa sobre el Gobierno de Mauricio Macri y dejó la causa en manos del TOF9.
Luego de un supuesto error técnico en el sistema informático por el cual se asignan los procesos, la causa le tocó ese tribunal, que
tiene la particularidad de estar integrado por jueces del fuero ordinario que fueron convertidos en federales por una controvertida ley (la 27.307), sancionada por Cambiemos dos días antes de que terminara el 2016.
¿Cómo fueron elegidos? La conversión se realizó por el voto de la mayoría simple del Consejo de la Magistratura, es decir, 7 miembros, y sin concursos.
El TOF9 está compuesto por los jueces
Alejandro Nocetti Achával, Silvia Mora y Alejandro Becerra. Mora es la esposa del camarista civil Ricardo Recondo, ex presidente de la Asociación de Magistrados, con fuerte ascendencia en el Consejo de la Magistratura y cercano a Cabral. Becerra tiene un perfil conservador: fue nombrado en 1993 propuesto por Carlos Menem y su pliego aprobado por el senado de entonces. Nocetti es un reaccionario que en un juicio por crímenes de lesa humanidad en Mendoza, en el que actuó como subrogante, consideró que esos delitos violatorios de los derechos humanos no son imprescriptibles
