El fiscal Federico Delgado solicitó que Javier Iguacel sea citado a dar explicaciones bajo la acusación de haber inventado un expendiente trucho desde Vialidad Nacional contra ex funcionarios kirchneristas. Básicamente, se argumentó que el hoy jefe comunal hizo lo mismo que denunció como delito y, además, usaba a su cuñada para "copipastear" documentación como pruebas.
La Sala I decidió pedirle al tribunal asignado para el juicio oral de la causa de las fotocopias y a la fiscal a cargo los registros de las declaraciones de los "arrepentidos", como exige la ley impulsada por el macrismo. Es un capítulo más de la polémica, luego de que el ex juzgado de Bonadio y el fiscal rebelde reconocieran que no existen, y salgan otros actores en su defensa. Mirá cómo sigue.
El propio juzgado federal 11 donde tramitó la instrucción de la causa de la mano del juez fallecido, actualmente a cargo de Marcelo Martinez de Giorgi, oficializó que no hay "registros fílmicos o digitales de declaraciones efectuadas por los imputados arrepentidos", como exige la ley. Este magistrado le ordenó al fiscal rebelde que revele en 48 horas si las tiene él.
Casación Penal le requirió al Juzgado 11, aquel que ocupara el fallecido juez antikirchnerista, los registros audiovisuales o sonoros que exige la ley del arrepentido de las declaraciones de los empresarios que se acogieron a ese régimen y quedaron libres o evitaron la detención. El magistrado y el fiscal nunca los mostraron, pero Bruglia y Bertuzzi igual avalaron la investigación, que ahora tiembla.
En primer lugar, la comisión de Acuerdos rechazó los traslados de dispuestos por el gobierno de Cambiemos de Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli, que ni siquiera asistieron a la sesión y la impugnaron, apoyados por el macrismo. Luego, la Cámara Contencioso Administrativo Federal no aceptó dictar una medida cautelar que había pedido los dos primeros. Cómo sigue.
El TOF 8 citó al ex jefe de Interpol, Ronald Noble, quien ya dijo muchas veces que el pacto con Irán no garantizaba la quita de alertas rojas sobre los acusados por el atentado a la AMIA, como decía Nisman. También convocó al ex consejero general del organismo, en ambos casos como testigos en el juicio por el supuesto encubrimiento de ciudadanos iraníes.
El fiscal general adjunto ante la Cámara Federal exigió que se vuelva a investigar la presunta corrupción en la licitación pública para la construcción en la zona porteña de Puerto Madero, que había sido cerrada por Bonadio antes de morir. Con énfasis en el rol de Calcaterra, el primo de Macri, podrían caer los sobreseimientos del jefe de Gobierno porteño y del ex ministro de Transporte.
El juez Marcelo Martínez de Giorgi determinó que no hubo incremento injustificado en el patrimonio del gobernador bonaerense, tras analizar pericias contables. "Un abogado militante del PRO armó la denuncia voligoma, que consiste en cortar la nota del diario, pegarla y presentarla", dijo el mandatario. "Bonadio le dio lugar", agregó, y lo resumió: "En una palabra: Lawfare".
El juez de Dolores avanza con resoluciones en las que advierte que magistrados de los tribunales de Retiro, como el fallecido Bonadio y el camarista Irurzun, buscan desguazar el expediente sobre la banda del espionaje ilegal, las extorsiones y las causas falsas. Según argumenta, buscan beneficiar al procesado fiscal y en un caso hasta quieren que se autoinvestigue.
Por sorteo con bolillero manual, para evitar "suspicacias", la Cámara Federal decidió al hombre de Comodoro Py que se queda un año con el juzgado 11, vacante por la muerte de Bonadio. Entre los expedientes que acumularía, están Cuadernos, sobornos PRO por el soterramiento del Sarmiento, la corrupción del Paseo del Bajo y el pago a Vandenbroele para meter preso a Boudou.
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