Dos emblemas del lawfare, como el camarista federal proliferador de las preventivas a kirchneristas y el titular de Casación que ahora es investigado por visitar a Macri en Casa Rosada, intervendrán como conjueces de la CSJN sobre el pedido de la cadena Farmacity para instalarse en la provincia de Buenos Aires. Hasta 2018, la firma era del ex vicejefe de Gabinete PRO.
El Presidente pidió al Congreso la sanción de las modificaciones en el Poder Judicial y el Ministerio Publico, pero también anunció que impulsará un Tribunal Federal de Garantías para temas de arbitrariedad, al que se podrá acceder por recurso extraordinario y limitará a la Corte. A este último tribunal le dedicó fuertes críticas, al igual que al fiscal procesado por espionaje y extorsiones.
El diputado nacional se refirió a la revelación sobre el camarista que visitó al ex presidente en octubre de 2017 y dos días después procesó a Cristina por la causa Vialidad, investigación repleta de irregularidades y testigos que desestiman delitos. Recordó que no fue el único encuentro en Casa Rosada con magistrados, ya que pocos días después de asumir pasó por el mismo lugar Lorenzetti.
El jefe de los asesores de Alberto Fernández aseguró que coincide con la mirada de la Vicepresidenta, sostuvo que hay que "hacerse cargo de que está funcionando mal" el máximo tribunal y que "no puede suceder" que funcione mirando lo que pasa en los medios. Para ejemplificar, comparó que sí "abrió un recurso extraordinario" para Carlos Carrascosa pero no para Boudou.
Después de varios fallos polémicos y contrarios a la mirada del Poder Ejecutivo, el Presidente criticó al máximo tribunal y cuestionó la "´gravedad institucional'" aducida por los supremos en el caso de los jueces a dedo de Macri con la "'sana discreción'" de no intervenir "cuando condenan a un ex vicepresidente". Casi sin demora, el "círculo rojo" salió en defensa de la CSJN.
Un ex funcionario también condenado invocó la “gravedad institucional” del caso y cuestionó a la CS "vendada" por no analizar que hubo un "arrepentido sobornado" por Cambiemos ni haber tenido en cuenta el espionaje ilegal con el que se violó la "garantía de defensa". Rosenkrantz, Lorenzetti y compañía deberán pronunciarse, mientras se define si el ex vice debe volver a prisión.
El Presidente coincidió con las palabras de su vice y calificó a la carta como "un llamado de atención para todos". "Es una mirada objetiva de lo que está pasando en la Argentina", señaló el mandatario, y recordó que la problemática no se logra "resolver porque también la justicia tiene una lógica corporativa que la hace impermeable al cambio".
Los cinco jueces supremos usaron el repetido truco del artículo 280, aquel del código procesal que los habilita a no fundamentar nada. Así, dijeron que el recurso del ex vicepresidente era "inadmisible", evitaron opinar sobre el fondo y dejaron firme su condena por el caso de Ciccone. La presión mediática para que se anule domiciliaria y por qué no hay razones para que ello ocurra.
El máximo tribunal dejó firme la condena impuesta en el expediente de la ex Calcográfica al ex vicepresidente, sentenciado a 5 años y 10 meses de prisión por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública, a pesar de que por otro carril se investiga si Cambiemos le pagó Vandenbroele para "arrepentirse". Ahora, el juez de ejecución define si el ex funcionario debe volver a prisión.
Con el "equilibrio" de 4 a 1 nuevamente, el máximo tribunal hizo lugar al per saltum presentado por el magistrado colocado a dedo por el macrismo sobre el que restaba una definición, por lo que la postura es diferente a la que tuvo con Bruglia y Bertuzzi y continuará en su cargo hasta que se resuelva el fondo del planteo en primera instancia.
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