La Central de Trabajadores Argentinos (CTA) de la Ciudad de Buenos Aires denunció que el gobierno porteño opera en el expediente judicial favoreciendo la estrategia de defensa del empresario coreano Lee Sung Yop, investigado por trata de personas y dueño del taller textil de la calle Páez -en Flores- que se incendió a fines de abril y provocó la muerte de dos niños.
Según la denuncia de la CTA, los abogados de Esteban Mur, Gabriela Carpineti y Nahuel Berguier, familiares de las víctimas del incendio, sostuvieron que “la Dirección de Asistencia a la Víctima del GCBA, contrariando todos los protocolos locales e internacionales referidos en la Ley Nacional de Trata de Personas, manipuló a Julián Rojas y Amparo Menchaca (también familaires de las víctimas) mientras se encontraban hospitalizados luego del incendio para que estos se mostraran como dueños del taller textil de Páez, exculpando al verdadero empresario locatario del inmueble, propietario de las máquinas y quien dirigía la producción y comercialización de las prendas que confeccionaban estos trabajadores”.
"El gobierno porteño con su actuar intencionado, pretende convertir a los trabajadores costureros en responsables de su propia condición de vulnerabilidad y explotación", señaló a propósito de ello el secretario general de la CTA-Ciudad, Eduardo López.
