Los últimos informes realizados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y el Observatorio de Derecho Social de la CTA muestran una capacidad de respuesta en alza de los trabajadores afectados por las políticas de ajuste oficiales e imaginan más conflictos en los próximos meses.
Ambos organismos registran una capacidad de respuesta que se incrementa a diario, tanto a través de organizaciones sindicales como de trabajadores que llevan adelante conflictos de manera directa, sin mediación de los gremios. Los relevamientos muestran que las protestas y medidas de fuerza, lejos de dar marcha atrás o ceder, se encuentran en alza. Tomando el último trimestre del 2016, el CEPA registró un promedio 237 mensuales, es decir casi 8 conflictos diarios.
Según reflejaron los estudios, los conflictos laborales de los estatales representaron el 55 por ciento y los del sector privado el 45. El ejemplo que refleja más claramente la situación, son las alianzas de estatales, docentes, judiciales y trabajadores de la salud, en el armado de medidas contra el ajuste. Esto se suma a las protestas organizadas por trabajadores de la economía informal, que han duplicado su participación sobre el total de conflictos relevados.
Las principales razones que dieron origen a la conflictividad fueron la caída de los salarios, los despidos y las suspensiones. Según publicó el CEPA, los reclamos por reapertura de paritarias, el retraso en los pagos, incumplimiento de acuerdos o reducción del salario “representaron entre octubre y diciembre de 2016 el 47,9 por ciento del total”. En segundo lugar se ubicaron los despidos y suspensiones, con 23,9 casos de cada cien.
“La conflictividad relacionada con despidos y suspensiones en el ámbito privado, particularmente industrial, ha sido de importancia en el cierre del 2016”, destaca el documento. A su vez, 31 de cada cien reclamos salariales de los trabajadores de empresas privadas se debió a atrasos en el pago de los sueldos.
Para los próximos meses, el CEPA prevé un escenario de mayor conflictividad, de cara a la apertura de paritarias “y ante un proceso constante de pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, un ritmo inflacionario que no da tregua, y la posición del gobierno de poner un techo a la paritarias de un 17 por ciento de acuerdo a su meta de inflación estimada para 2017”.
El observatorio, por su parte, destaca que la reacción sindical frente a las políticas de ajuste “se mantuvo a lo largo de todo el año”. “El ajuste económico no llegó a tener la magnitud deseada por los funcionarios del Gobierno Nacional, y ello se debió a la fuerte resistencia operada contra los despidos y contra los límites en las negociaciones salariales”.
