El Gobierno nacional no consigue cerrar acuerdos con sus máximos aliados en el Congreso, el PRO y la UCR, que mantienen bloqueado el avance del
Presupuesto 2027 en Diputados y no garantizan su respaldo a la
reforma electoral en el Senado. Entre las principales objeciones figuran los recortes en partidas sociales, el financiamiento universitario y los reclamos de recursos para las provincias, además de las diferencias en torno a la suspensión de las PASO.
En ese marco, con el calendario parlamentario condicionado por la visita del papa
León XIV y otras actividades, al Gobierno le quedan apenas las últimas semanas de noviembre para encaminar los acuerdos antes del cierre de las sesiones ordinarias.
Resistencia al Presupuesto
La resistencia de ambos bloques obligó a La Libertad Avanza a postergar la firma del dictamen de mayoría del proyecto presupuestario, que el oficialismo pretendía resolver la semana pasada. Ahora, Martín Menem y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, intentarán reactivar las conversaciones para reunir los apoyos necesarios y llevar la iniciativa al recinto el 18 de noviembre.
Sin embargo, los aliados condicionan su acompañamiento a una serie de modificaciones que exceden las cuentas públicas: en el caso del PRO, Cristian Ritondo le hizo llegar a Menem un conjunto de exigencias que incluye una rebaja del Impuesto a los Combustibles, garantías para las obras en rutas nacionales y la regularización de las transferencias de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires. También reclamó reducir el IVA para los huevos y sus derivados del 21% al 10,5% y autorizar operaciones de financiamiento para el distrito porteño; planteos que, en gran parte, deberán ser evaluados por Luis Caputo y Jorge Macri.
La UCR, por su parte, también endureció su posición y reclama mayores partidas para las universidades nacionales, además de cuestionar artículos del proyecto vinculados con el área social. La iniciativa contempla $7,3 billones para las casas de estudio, mientras que los rectores exigen elevar el financiamiento a $11 billones. A su vez, los bloques aliados mantienen la presión por las partidas destinadas a discapacidad, sobre las que el Ejecutivo todavía no aclaró si retirará los artículos que profundizan el ajuste.
El conflicto por las PASO
Las diferencias resuenan también en la discusión por la reforma electoral impulsada por Milei para suspender las PASO. El PRO y sectores del radicalismo no están dispuestos a acompañar la iniciativa sin un acuerdo político previo, mientras que el peronismo ya resolvió resistir su eliminación.
Las gestiones de Santilli tampoco consiguieron destrabar el escenario y Patricia Bullrich, que conduce la bancada libertaria en el Senado, se mantiene al margen de las negociaciones, en medio de sus propias aspiraciones políticas.
El oficialismo enfrenta así una negociación más amplia que la discusión presupuestaria.
Los gobernadores que hasta ahora acompañaron sus principales iniciativas legislativas insisten con fondos de ATN y obras públicas, mientras que la UCR también exige avanzar con el proyecto de incentivo a las inversiones relevantes. A esos reclamos se suma el pedido de los mandatarios de Tucumán, Salta, Jujuy, Santa Fe y Córdoba para
reactivar la discusión de la ley de Biocombustibles, que quedó frenada la semana pasada.
Con 95 diputados propios, La Libertad Avanza necesita al menos 129 presentes para habilitar el debate y depende de sus socios para construir una mayoría. El oficialismo calcula que podría reunir alrededor de 138 votos con el respaldo de los bloques dialoguistas que aún están en duda.