21.09.2018 / El Estado perdería 200 millones de dólares

Denuncian a Etchevehere por defraudación al Estado

Otra denuncia cae contra el exministro de Agroindustria por haber dejado abierto el registro de ventas de granos al extranjero antes de que se anunciaran las retenciones. La misma también cae sobre las cerealeras que se anotaron perjudicando al Estado por una suma millonaria.




Luis Miguel Etchevehere, exministro devenido en secretario de Agroindustria, suma una nueva denuncia a su prontuario esta vez por defraudación al Estado al dejar abierto el registro de venta de granos al extranjero antes de que se anuncie el nuevo esquema de retenciones aplicado por el Gobierno nacional.

El abogado Marcelo Parrili fue el encargado de presentar la denuncia “contra Etchevehere y cerealeras por tentativa defraudación a la administración pública”. Además exigió el “allanamiento del Ministerio de Agroindustria, secuestro de documentación y medida cautelar para que no se eluda el pago de retenciones".

La denuncia se basa en la "registración irregular llevada a cabo entre el 27 y el 31 de agosto de 2018, en el Registro respectivo, de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DIVE) de granos, oleagionosas y subproductos de los mismos con el evidente propósito de facilitar la elusión del pago de las retenciones impositivas sobre los mismos fijadas por el gobierno nacional".



Según Parrilli Etchevehere permitió la elusión impositiva por parte de quienes “resultan coautores de la maniobra ilícita que se denuncia, con grave perjuicio para la administración pública en cuanto se la priva de la percepción de un impuesto nacional".

En diálogo con Radio 2, el especialista en Agro Matías Longoni confirmó que entre el jueves y viernes las firmas exportadoras de granos inscribieron en el registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) unas 8,5 millones de toneladas de granos sabiendo que se venían las retenciones.

“Tuvieron jueves y viernes para anotar 8 millones de toneladas de maíz y trigo, lo cual es legal. Al Gobierno se le escapó la tortuga y puede tener un costo fiscal de 200 millones de dólares”, advirtió.