Mientras la problemática parece arrojar mucho trabajo por delante para conseguir una verdadera solución y, a la vez, algunos sectores de la oposición buscan sacar rédito de la situación,
el conjunto de los intendentes de la Tercera Sección Electoral bonaerense condenaron "la ocupación ilegal de tierras y viviendas", reclamaron la intervención de la justicia para "hacer cumplir la ley" y consideraron que "el Estado debe ser firme para poner un límite a quienes hacen de las desigualdades un negocio".
A través de un comunicado titulado
"la urbanización debe ser una política de Estado", al que tuvo acceso
Política Argentina, los jefes comunales reclamaron no
"tener una mirada contemplativa con aquellos que utilizan la necesidad de la gente para llevar adelante sus negocios inescrupulosos".
"El Estado debe ser firme para poner un límite a quienes hacen de las desigualdades un negocio", sostuvieron los intendentes de la zona que, junto con la Primera Sección, son las más populosas de la provincia de Buenos Aires, y enfatizaron que
"condenan rotundamente la ocupación ilegal de tierras y viviendas", que
"es un delito y como tal la Justicia debe intervenir para hacer cumplir la Ley".
Asimismo destacaron el diálogo con el gobierno bonaerense. Contaron que se comunicaron con el ministro de Justicia, Julio Alak, y también mantendrán un encuentro con el Departamento Judicial de La Plata, "que actúa en el caso de la toma de terrenos en Guernica".
"Además, le solicitamos al gobernador Axel Kicillof una reunión de trabajo sobre este tema para coordinar acciones en conjunto. También nos reuniremos con nuestros diputados y senadores provinciales para analizar la legislación actual", expresaron.
Los intendentes aseguraron entender "que la crisis sanitaria que el mundo está atravesando ha expuesto también la crisis social y la desigualdad que hoy en día miles de argentinos y argentinas aún siguen padeciendo". Y agregaron a ese concepto: "Por esta razón, tenemos que trabajar todos juntos sobre qué modelo de sociedad queremos".
Consideraron que "la urbanización debe ser una política de Estado y que es necesario trabajar en coordinación entre Nación, provincia y los municipios para facilitar el acceso al hábitat con viviendas dignas para el conjunto de la sociedad".
"Desde el Estado Nacional y el Estado provincial se tiene que establecer una política clara para el desarrollo urbano, el hábitat y la construcción de viviendas para las familias que aún no cuentan con un lugar digno donde vivir. Lo que debemos hacer es responder a esa necesidad con programas y políticas públicas que reviertan esta situación", consignaron, y en esa línea sostuvieron que "la urbanización de los barrios populares no puede quedar en una consigna".
"Tenemos que discutir seriamente cómo se va a financiar la politica de vivienda, para construir una sociedad mas justa es necesario discutir la distribución del riqueza en la Argentina y el proyecto de ley del aporte extraordinario de las grandes fortunas es un paso en este sentido, sobre el cual debemos seguir profundizando", subrayaron.
Y concluyeron:
"No podemos seguir viviendo en la hipocresía de ver como muchos chicos y chicas nacen y crecen en la inmoralidad de la exclusión, sin tener las condiciones mínimas de vivienda aseguradas. Nuestro deber es con ellos".
Los 19 municipios de la Tercera Sección son La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes, Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Cañuelas, Ensenada, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Lobos, Magdalena, Presidente Perón, Punta Indio y San Vicente.
Según publicó Infobae, en toda la provincia de Buenos Aires hay usurpadas 4.300 hectáreas, en las que, entre otras cosas, se iban a construir barrios cerrados y viviendas sociales. Según documentación que el Ministerio de Seguridad bonaerense brindó a ese medio, entre julio y el inicio de agosto se registraron 71 usurpaciones judicializadas a través de las cuales se aprehendió a 258 personas, mientras que desde comienzo del año se habrían hecho 1.801 denuncias judiciales por tomas.
