El 17 de septiembre del año pasado, la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires aprobó la iniciativa impulsada por el presidente del bloque del Frente de Todos, Facundo Tignanelli, para la protección de las asociaciones civiles bonaerenses, que pasó a declararlas de interés público provincial.
El 20 de noviembre, el gobernador bonaerense
Axel Kicillof reglamentó la norma, dando comienzo inmediato a su aplicación. A partir de ese momento,
los clubes de barrio, centros de jubilados, jardines comunitarios, sociedades de fomento, centros culturales, comedores, asociaciones de migrantes y organizaciones comunitarias en general comenzaron a tener beneficios impositivos, tarifarios y documentales.
Todos los beneficios que implican una ayuda para estas organizaciones civiles alcanzan a 15.000 de estas unidades y, en algunos casos, lo hacen al 100%: un universo de 42.000 instituciones.
De este modo, entre otras, accedieron a la
Tarifa Cero en los servicios públicos durante la pandemia, vieron
reducido el monto de tasas administrativas en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, se les
condonaron y normalizaron sus deudas documentales de forma sencilla y rápida y pudieron
constituir sus instituciones por instrumento público mediante funcionarios y funcionarias de ANSES y PAMI.
Asimismo, comenzaron a censarse las organizaciones civiles recabando datos de infraestructura social, se declararon inembargables e inejutables sus bienes inmuebles, que pudieron registrar con función social, y accedieron a una cuenta bancaria totalmente gratuita en el Banco Provincia.
En este sentido, cabe destacar las palabras del autor de la ley, el diputado provincial Facundo Tignanelli, quien durante el debate en la Cámara Baja destacó: “Hemos tenido encuentros virtuales con más de 6.000 instituciones. De toda la provincia de Buenos Aires, han participado legisladores, concejales e intendentes, pero lo más importante es que se han sumado dirigentes y dirigentas de todo tipo de asociaciones civilesˮ.
También, cuestionó las dilaciones y modificaciones impuestas por la Cámara de Senadores bonaerense a la hora de aprobar el proyecto, donde el macrismo tiene mayoría. “A pesar de que exista una fuerza mayoritaria en la otra Cámara que quiere restringir los derechos al pueblo, cuando el pueblo se organiza, presiona y exige a los representantes que pongan en tratamiento cuestiones que tienen que ver con defender sus derechos, funcionaˮ, subrayó.
