Este jueves, la
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires debatirá una modificación dentro de una ley que le permitiría al
Tribunal Superior de Justicia ser una instancia de revisión de los fallos que actualmente tramitan en la justicia comercial, laboral, civil y penal, lo que actualmente se encuentra bajo la órbita de la llamada “justicia nacional”. El debate sobre el tema ya tuvo momentos álgidos este año cuando el grupo
SOCMA quiso meter al TSJ en la causa Correo para favorecer a Mauricio y Gianfranco Macri. La Cámara Comercial frenó el intento pero la polémica no cedió.
El expediente 1553-D-2021 lo que propone es modificar una cuestión técnica: habilitar lo que se conoce como
“recurso de inconstitucionalidad” ante el Tribunal Superior de Justicia, lo que en la práctica significaría habilitar a la Corte porteña a meterse en los fallos dictados por los distintos fueros que integran la Justicia Nacional de la Capital Federal.
Actualmente, cuando alguien quiere discutir las decisiones judiciales que toman los camaristas laborales, civiles, penales o comerciales, debe recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo que ahora pretenden los legisladores es que esas decisiones pasen antes por el TSJ, algo que los propios jueces porteños ya han intentado.
A fines de junio, la Corte porteña había intervenido en la causa comercial por el concurso de la compañía
Correo Argentino a través de un recurso que había presentado SOCMA. El objetivo que tenía la compañía era lograr el apartamiento de la jueza Marta Cirulli (que debe definir si quiebra o no) y de la fiscal Gabriela Boquín. Los jueces Marcela De Langhe, Santiago Otamendi e Inés Weinberg "retaron" en su intervención a la Cámara Comercial, le recordaron fallos anteriores y le ordenaron que se pronuncie sobre el recurso de inconstitucionalidad que planteó SOCMA.
La sala B de la Cámara Comercial les devolvió el reto y les recordó que su intervención no está permitida ni contemplada en ninguna normativa.
"La pretensión del Tribunal de Justicia de la Ciudad de erigirse en alzada de esta Sala, habilitando un recurso no previsto por el ordenamiento que rige nuestros procedimientos, carece de fundamento normativo y no puede ser avalada por este tribunal, en tanto importa un apartamiento del principio de Juez natural consagrado por la Carta Magna en su art. 18", explicaron.
No fue el único caso: el debate ya llegó a la Corte en el marco de un expediente que involucra al periodista Gabriel Levinas, condenado en una causa civil a rendir cuentas, en forma documentada, de la gestión realizada en el marco de un contrato de mandato otorgado por León Ferrari para la exhibición y venta de obras de arte.
Esa condena fue confirmada por la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil que le impuso el pago de 88 mil dólares más intereses desde el 2 de noviembre de 2010 “a una tasa pura del 6% anual”.
Levinas, como SOCMA, llevó el caso no a la Corte sino al TSJ porteño a través de un recurso de inconstitucionalidad, algo que no está estipulado en el Código Civil y Comercial de la Nación.
Los magistrados de la Ciudad le otorgaron el recurso y salieron al cruce de la Cámara. El año pasado, los jueces civiles sostuvieron que “la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no tiene sustento legal e implica crear pretorianamente un procedimiento de revisión que invade el ámbito propio del Poder Legislativo Nacional y desconoce la normativa vigente”.
En marzo, el expediente llegó a la Corte. Hace tres meses, el procurador interino Eduardo Casal emitió su opinión y consideró que no debía hacerse lugar a la intervención del TSJ. “La admisión de una vía recursiva ante un tribunal local contra las decisiones dictadas por jueces que integran la justicia nacional ordinaria modifica la estructura del Poder Judicial de la Nación”, explicó.
“No existe base legal para atribuir al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la potestad de revisar una sentencia dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil con asiento en esta ciudad”, remarcó el procurador. Ahora, la decisión sobre esto debe ser resuelta por la Corte Suprema de la Nación.
