Los diputados Carlos Heller, Gabriela Cerruti, Paula Penacca, Mara Brawer, Rodolfo Tailhade y Daniela Vilar se refirieron en diversas declaraciones a un artículo difundido este lunes por Ámbito Financiero referido a Gianfranco Macri. El hermano del ex mandatario había declarado como propio en 2016 un fideicomiso -de nombre Quiñel Trust, radicado en Liechtenstein- que alcanzaría los 25 millones de dólares. Cabe señalar que la verdadera titular era Alicia Blanco Villegas, madre de Mauricio y Gianfranco.
Ambito indicó que se tiene como primera beneficiaria a
Blanco Villegas, como también a información contenida en una causa del fuero Penal Económico en la que se incorporó esa evidencia como prueba nueva de hechos ilícitos. Los diputados oficialistas acusaron a Gianfranco por haber hecho pasar como propio ese fideicomiso cuando en realidad pertenecía a Blanco Villegas, quien estaba impedida legalmente de acceder a los beneficios que otorgaba la ley de amnistía fiscal (ley 27260/2016).
En este marco, Heller consideró
"una clara trampa a la ley que ellos mismos sacaron, con ciertas particularidades", y recordó que en 2016 fueron los propios representantes de Cambiemos quienes "pusieron la cláusula que prohibía que accedieran al beneficio los familiares del presidente (por Macri)".
"Había una plata de la mamá de Macri, unos 25 millones de dólares declarados como de uno de los hermanos (Gianfranco) y ahora aparecen en la declaración de la mamá nuevamente", cuestionó en declaraciones a la radio La 990.
"Los 25 millones de dólares que la madre de Mauricio Macri tenía en negro, son producto de la evasión y el lavado", dijo por su parte Rodolfo Tailhade
En tanto, la diputada Daniela Vilar (también del FdT) se sumó a los pronunciamientos al remarcar por las redes sociales que "Macri ya dijo en TV que la única forma que conoce de hacer plata es evadiendo impuestos". "Sabemos también que lo otro que necesitaba era un Gobierno que les permitiera blanquear ese dinero, el suyo", puntualizó Vilar.
Cabe recordar que el decreto 1206/2016, de noviembre de ese año, modificó un decreto anterior 895/2016 que reglamentaba la ley 27260 y habilitó a cónyuges, padres e hijos menores emancipados a declarar sus bienes radicados en el Exterior siempre que pudieran acreditar que formaban parte de su patrimonio con anterioridad a la fecha en que sus familiares hubieran asumido en los cargos como funcionarios.
Ese decreto está judicializado por el ex diputado y ex canciller Felipe Solá, quien lo consideró inconstitucional y acusó a Macri de haber incurrido en un "exceso reglamentario" que desnaturalizaba el espíritu de la ley aprobada por el Congreso.
