Tres días después de que la Justicia decidiera investigar la adjudicación de recursos por parte de Quilmes a cooperativas relacionadas a un ex funcionario local para la realización de trabajos en el distrito,
el portal de noticias que publicó inicialmente la cuestión y abrió el juego a que un abogado denunciador serial - valga la redundancia - denunciara a Mayra Mendoza ahora reconoce que podría no existir ningún delito.
En una nota publicada hoy, el blog "El Disenso” recordó que allí se publicó por primera vez que la intendenta de Quilmes "le bajó 535 millones de pesos a tres cooperativas vinculadas a su Subsecretario de Hábitat, Sebastián Raspa" y que "el caso escaló hasta los tribunales federales".
Sin embargo, en las líneas siguientes
refirió a los "rituales, bemoles y garantías" de la Justicia y que los hechos anteriormente descriptos allí como "multimillonaria caja militante" podrían "constituir o no delito".
"Más allá de los títulos rimbombantes de las últimas semanas ponen duda si lo que vienen denunciando es delito", advierten en este sentido desde el entorno de la gestión quilmeña, mientras expresan que están "tranquilos" a la espera del accionar del Poder Judicial.
En esta última nota el medio quita peso a la posibilidad de que hayan existido delitos en los hechos publicados pero a la vez opina con fotos de actividades militantes como argumentos que "la plata que Mendoza volcaba a las cooperativas le volvía en forma de servicios políticos".
De esta manera, pareciera ser que se corre el foco de la existencia o no de delitos para colocarse en si las cooperativas que recibieron fondos a cambio de realizar trabajos concretos en el espacio público del distrito son o no son militantes.
En cuanto a la situación judicial, el fiscal
Ramiro González decidió iniciar una instrucción luego de la denuncia del polémico abogado
Santiago Dupuy de Lome y solicitó la imputación de la intendenta Mayra Mendoza, los titulares de las cooperativas y otros funcionarios locales, bajo la posible comisión de los delitos de malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con la función pública.
