22.08.2022 / Judiciales
Juicio Vialidad: los fiscales terminan su alegato y van por el pedido de condena y proscripción de Cristina
Luciani y Mola finalizan su alegato, y según dejaron ver, van por penas de cárcel, posibles decomisos y prohibición de ejercer cargos públicos para la Vicepresidenta. La próxima semana será el turno de la defensa de CFK y los demás imputados.
Este lunes los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola concluyen su alegato y, según dejaron ver durante las audiencias e hicieron trascender a medios opositores, irán por penas de cárcel, posibles decomisos y proscripción de la política contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, bajo el argumento de considerarla jefa de una supuesta asociación ilícita organizada para defraudar al Estado Nacional entre 2003 y 2015 en el marco de la causa llamada "Vialidad".
De este modo, Luciani y Mola, tras dejar atrás las recusaciones en su contra por sus relaciones con Juntos por el Cambio y Mauricio Macri en particular, protagonizan este lunes la última de las 9 audiencias que el tribunal les dispuso para su alegato y allí deben formular el pedido de condenas que anunciaron semanas atrás, en particular el viernes, cuando comenzaron su sorprendentemente pasional argumentación, que apuntó casi por completo a intentar forzar un rol de CFK en los presuntos hechos descriptos.
Según trascendidos a medios, con eldiarioar, que no pudieron salir de otra parte que no sea los propios fiscales, estos solicitarán en el petitorio final de su alegato penas y decomisos para los otros imputados y irán en búsqueda de empresarios que aún no habían sido investigados.
Luciani, el fiscal que juega al fútbol en el mismo equipo que uno de los jueces del tribunal en canchas como la casa de Macri, y Mola, el que visitó la Casa Rosada con el ex presidente allí y luego llegó a su cargo, también señalaron en sus exposiciones al diputado Máximo Kirchner, hijo de la expresidenta y quien no ha sido acusado en la causa Vialidad.
Le atribuyen haber dado supuestas órdenes y haber tomado decisiones como presunto partícipe de la organización delictiva que promueven. No conformes también hablaron de presuntos beneficios que el empresario Báez habría recibido de autoridades del Banco Nación, como el expresidente de la entidad Juan Carlos Fábrega.
Según el código penal, el delito de asociación ilícita tiene una pena máxima de diez años de prisión y el de defraudación a la Administración pública pueden alcanzar los seis años de prisión.
LA DEFENSA
Los acusados en el caso Vialidad siempre negaron desde varios ángulos y argumentos las imputaciones. Según consideran, como resumen, la propia pericia de Vialidad, incluso bajo conducción de Javier Iguacel, descartó sobreprecios en las obras y trabajos no finalizados. Además, no se presentó documentación alguna que avale la participación del Gobierno nacional en la decisión de dichas obras y los testimonios, incluso de la acusación, jamás mencionaron a la entonces presidenta CFK, quien sostuvo que se trata de “una causa fraguada” y con los dos fiscales y dos de los jueces sosprechados.
Así las cosas, llegará el turno de los alegatos de las defensas, aunque no comenzarán esta semana. Una vez que finalice la exposición de los fiscales, el tribunal dispondrá un cuarto intermedio de una o dos semanas (el máximo es de diez días hábiles) para que los abogados de los imputados puedan terminar de pulir sus ponencias en el marco del debate final.
Cada abogado defensor contará con dos audiencias para defender a su cliente. Por ejemplo, Carlos Beraldi en el caso de Cristina. Los alegatos estarán distribuidos en 36 audiencias más, lo cual en tiempo tomará alrededor de diez semanas. Eso hace que se estime que finalizarán a mediados de noviembre.
Los alegatos de las defensas comenzarían con la exposición del abogado que representa al empresario Báez, Juan Villanueva, que expondrá ante los jueces Tribunal Oral Federal número 2. Según la acusación, fue el supuesto beneficiario de la maniobra montada por la asociación ilícita, es decir el direccionamiento de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz para desviar más de $8.000 millones del Tesoro Nacional hacia sus empresas. Esa fue la hipótesis de los fiscales de instrucción, Gerardo Pollicita y Juan Ignacio Mahiques.
No obstante, ese esquema podría alterarse. Según información de la Agencia Télam, hubo abogados que plantearon la necesidad de modificar el orden. Si hubiera cambios, se anunciarían recién cuando concluya el alegato del Ministerio Público Fiscal.
Las defensas argumentarán en favor de la absolución de los acusados e insistirán con algo que ya dijeron públicamente y que pareció quedar claro durante la instrucción, antes del show de Luciani y Mola: que las obras se hicieron, que las licitaciones fueron reales y no simuladas, como aseguraron los fiscales, y que los acusadores no lograron probar los delitos atribuidos a los imputados sino que se limitaron a repetir el auto de elevación a juicio redactado por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques.
En total, el juicio tiene 13 imputados acusados por los mismos delitos pero a quienes la fiscalía les adjudica distintos grados de responsabilidad según sus supuestos roles.
Después de los alegatos, los acusados pueden dirigir sus últimas palabras ante los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu (los dos frecuentes visitantes de Patricia Bullrich, una de las dirigentes PRO denunciantes originales de la causa) y Andrés Basso. Se espera un veredicto para diciembre.
En el caso de una eventual pena de prisión en Vialidad para Cristina, sólo será efectiva una vez que la condena quede firme por la Corte Suprema, de acuerdo con el nuevo Código Procesal Penal.
Para cuando el caso Vialidad llegue a esas instancias y si la Vicepresidenta llegara a ser condenada a una pena mayor a los tres años -menos sería excarcelable-, habría cumplido los 70 años y gozaría de la posibilidad de la prisión domiciliaria. Si tuviera fueros como vice, gozaría de inmunidad de arresto y debería ser sometida a juicio político para vulnerar ese derecho. Si los fueros provinieran del Congreso como senadora o diputada, la cámara en cuestión votaría y decidiría, eventualmente, un desafuero.
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