Mientras la Justicia avanza tras los pasos de la posibilidad de una organización mayor detrás del intento de asesinato de Cristina Kirchner y busca conocer si recibieron financiamiento o apoyo logístico de otras estructuras,
Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, la pareja de detenidos que inició la secuencia que tiene a cuatro personas presas por el momento, parece buscar lo contrario: no apeló el procesamiento que los sindica como coautores de la tentativa de homicidio calificado de la Vicepresidenta, hizo que la decisión quede firme y así expone una estrategia de apurar el trámite judicial hacia el juicio oral.
Fuentes judiciales hicieron trascender que se trata de una estrategia de las defensas de ambos para no discutir en esta instancia las pruebas que ya los comprometen seriamente en la causa, difíciles de revertir ante la Cámara Federal a la que sí recurrió Agustina Díaz, otra detenida, y así dar avance más ágil rumbo al juicio oral.
Ambos se reunieron con sus defensores recientemente. Uliarte mantuvo un encuentro con el defensor oficial Gustavo Kollman el lunes pasado. El martes, el defensor Juan Martin Hermida visitó a Sabag Montiel para explicarle el estado de la causa y las alternativas en juego. Ahora quedaron claras las cartas.
“Están cocinados”, es el análisis que hacen en los pasillos de tribunales para intentar entender que no hubieran ganado mucho intentando impugnar las pruebas colectadas hasta ahora. El tiempo para apelar vencía este miércoles a las 9:30. La pregunta es qué obtienen agilizando el trámite hacia el juicio, y la respuesta también es nada, salvo que estén ocultando algo o a alguien.
Con la no apelación, queda firme la decisión tomada el jueves pasado por la jueza
María Eugenia Capuchetti, a través de la que acusó a Sabag Montiel y Uliarte como coautores del delito de homicidio agravado por el empleo de armas de fuego, alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas, en grado de tentativa. También su prisión preventiva y el embargo de 100 millones de pesos.
Mientras el eventual rol de la agrupación
Revolución Federal, con su mediático líder
Jonathan Morel en foco, está en investigación, al igual que los movimientos financieros de los detenidos y eventuales colaboraciones o apoyo logístico externo, el caso está lejos de de resolverse.
En primer lugar,
falta resolver el rol y la situación procesal de Agustina Díaz - que hoy amplía su indagatoria mientras espera un favor de la Cámara Federal - y Nicolás Carrizo - el líder "copito" autor de escandalosos chats que lo complican -. Se trata de los otros dos detenidos en la causa.
