(r)El ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, destrozó a la Corte de Suprema de Justicia por permitir a través del aval de los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti que su compañero Carlos Rosenkrantz intervenga en la causa donde se dirime si el Grupo Clarín pueden cobrar lo que quiera en las tarifas de internet, cable y telefonía, pese a que este último trabajaba como abogado para la empresa que conduce Héctor Magnetto(r).
"La CSJN habilitó que el exempleado de Clarín, Rosenkrantz, decida si los argentinos tenemos derecho a un servicio de internet de calidad y a precio justo como estableció @alferdez", empezó su tuit el funcionario nacional.
Y concluyó con una dura crítica: "Esta CSJN no solo tiene doble vara para aplicar la ley: también está de los dos lados del mostrador".
LA CAUSA Y EL OFFSIDE DE ROSENKRANTZ
A juicio de verdad, como recordó El Destape, Rosenkrantz viene firmando full time fallos que incluyen a sus ex clientes. Acumula nada más y nada menos que 25 ganchos e intervenciones con aquellos para los que trabajaba antes de llegar al máximo tribunal por decreto de Mauricio Macri.
Ahora que sus compañeros de tribunal lo habilitaron, serán 26 y el nuevo ex cliente que podrá benficiarse es el Grupo Clarín.
La controversia que llegó a la Corte tiene que ver con la disputa entorno a si la empresa puede subir sus tarifas a gusto y así garantizar las ganancias extraordinarias de Telecom y Cablevisión Holding, firmas con las que controlan Cablevisión, Fibertel y Personal.
Esto es el eje de los negocios con los que en los últimos 3 años ya repartieron más de USD 400 millones en dividendos entre los accionistas del Grupo Clarín.
Lo que
discuten en el fondo es el decreto 690 del presidente Alberto Fernández, firmado el 21 de agosto de 2020 en plena pandemia de coronavirus. Lo que se normativizó allí fue que los servicios de telecomunicaciones son “servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia”, lo que implica que sus precios deben ser regulados por el Estado. Esto no significa que no suban ni tampoco que bajen, sino que deban ser racionales y sus movimientos avalados por Nación.
El Grupo Clarín fue la Justicia, como hace seguido, contra este decreto bajo el argumento de que es inconstitucional y que no debe haber control sobre sus tarifas de cable, internet y celular. En enero de 2021 lo hizo en plena feria judicial, pero el juez Walter Lara Correa rechazó dictar una cautelar para suspenderlo.
La empresa apeló y en abril de 2021 logró un fallo a favor de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, con firma de Luis María Márquez y José Luis López Castiñeira. Apeló el ENACOM pero la Cámara no aceptó el recurso extraordinario para que el expediente llegara a la Corte.
El Gobierno fue entonces en queja al máximo tribunal, lo que configura el último recurso, el 25 de junio de 2021. La disputa, para provecho de Clarín mientras tanto, está cajoneada desde aquel momento.
Lo único que sucedió hoy ni siquiera es sacarla de ese pozo, porque la Corte solamente decidió que Rosenkrantz puede participar de una deicisón sobre una empresa, una más, en la que trabajó. Sigue faltando la resolución, que parece tener final cantado, y no hay plazos. Mientras tanto la demora beneficia a Clarín.
Rosatti, que será recordado por votarse así mismo como presidente de la Corte y luego hacerse también del Consejo de la Magistratura, firmó junto a Maqueda el beneficio para Clarín. Argumentaron que el pedido de excusación de Rosenkrantz “resulta inadmisible” porque cuando ellos resuelven sus diferendos ellos mismos, sin intervención de las partes involucradas en la causa.
También sostuvieron que la recusación debió ocurrir cuando el Gobierno fuer en recurso extraordinario a la Corte, sin reconocer que ese recurso extraordinario nunca llegó al máximo tribunal porque lo frenó la Cámara Contencioso Administrativa. Insólito.
Lorenzetti votó por separado, porque reconoció que “el juez o la jueza deben generar una expectativa de imparcialidad conforme a lo que sería admisible para un observador razonable” y que "esta regulación es aplicable a los jueces de la Corte Suprema de manera más estricta" a partir del decreto 222/2003, firmado por Néstor Kirchner, donde se estableció que los integrantes del máximo tribunal tienen que adjuntar la nómina de sus ex clientes y comprometerse a no intervenir en sus casos ante el Senado.
Pese a esa aclaración, el ex presidente de la Corte firmó que Rosenkrantz pueda intervenir en el diferendo con Clarín y así ayudar a su ex cliente, con los mismos argumentos que los otros jueces.
