Luego de tres años y medio de debate y dos días después de que se cumplieran 48 años del golpe genocida, el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata dictó sentencia y condenó a prisión perpetua a diez represores por crímenes cometidos en los campos de concentración conocidos como Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes, El Infierno de Avellaneda y la Brigada de San Justo contra 605 víctimas.
El juicio comenzó en plena pandemia y se extendió durante casi cuatro años. Murieron imputados durante ese tiempo, quizá el más emblemático fue el excomisario
Miguel Osvaldo Etchecolatz, director general de Investigaciones de la policía de la Provincia de Buenos Aires.
Durante el proceso, el TOF examinó las responsabilidades del Ejército –a través de la Brigada de Infantería Mecanizada 3 con asiento en La Tablada, que estaba a cargo del área 112 que abarcaba los partidos de Avellaneda, Lanús y Lomas de Zamora, entre otros– y del aparato de inteligencia a partir del rol que cumplió el Destacamento 101 de La Plata.
También examinó el papel del gobierno dictatorial en la provincia y el accionar de la Bonaerense, entonces al mando de Ramón Camps –por lo que las dependencias policiales que funcionaron como campos de concentración se conocen como “Circuito Camps”.
Los condenados a prisión perpetua por los jueces Ricardo Basílico, Esteban Rodríguez Eggers y Walter Venditti fueron:
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Federico Antonio Minicucci, jefe del Regimiento de Infantería Mecanizada 3 de La Tablada.
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Guillermo Domínguez Matheu, jefe de Actividades Psicológicas del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata.
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Jorge Héctor Di Pasquale, jefe de la sección de Operaciones Especiales del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata.
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Carlos María Romero Pavón, jefe de Reunión Interior del Destacamento 101 de La Plata.
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Roberto Balmaceda, jefe de Contrainteligencia del Cuerpo de Actividades Especiales del Destacamento 101 de La Plata.
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Jaime Lamont Smart, el ministro de Gobierno de la provincia durante los primeros años de la dictadura.
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Juan Miguel Wolk, jefe de la División Delitos contra la Propiedad y de la División Delitos contra las Personas y de la dirección de investigaciones Zona Metropolitana.
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Jorge Antonio Bergés, médico de la policía bonaerense que actuó en los partos y en el robo de los bebés nacidos en cautiverio.
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Horacio Luis Castillo, el comisario que actuó en la Brigada de Investigaciones de Lanús –conocida como el Infierno de Avellaneda– y en el Pozo de Banfield.
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Carlos Gustavo Fontana, que fungió como enlace entre el Destacamento 101 y el Batallón de Inteligencia 601.
En tanto, el TOF 1 de La Plata condenó a 25 años de prisión a
Alberto Julio Candioti, jefe de la sección Comando del Destacamento 101 de La Plata, y absolvió a
Enrique Augusto Barre, segundo jefe de la División Delitos contra la Propiedad que funcionaba en el Pozo de Banfield. Hasta diciembre, Barre era defendido por Mariano Cúneo Libarona, el actual ministro de Justicia de la Nación.
Para los jueces, los hechos fueron catalogados como crímenes de lesa humanidad. En minoría, Basílico señaló que los delitos se cometieron en el marco del genocidio que tuvo lugar en la Argentina.
Los fundamentos se conocerán el 5 de julio próximo. La jornada de este martes, de todos modos, fue extensa porque Basílico, presidente del TOF y único juez presente en la sala, leyó el nombre de cada una de las víctimas por las que fueron condenados los genocidas.
Todos los imputados siguieron la lectura del veredicto desde sus casas, donde cumplen arresto domiciliario. El único que está en prisión es Di Pasquale, que a la mañana había dicho que lo que sucedió en la dictadura fue una “guerra”.
