Pese al análisis político del Gobierno, tanto el testimonio del vacío de las calles en CABA, el AMBA y las grandes ciudades del país como las expresiones de los sindicatos arrojan que es contundente el impacto del segundo paro general lanzado por la CGT y las dos CTA contra el ajuste de Javier Milei.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) contabilizó una
adhesión superior al 97% a la medida de fuerza, que comenzó a las 00 en todo el país. El transporte, los bancos, los comercios, los servicios de salud y de educación, así como la Administración Pública, se encuentran prácticamente paralizados como medida de protesta contra las políticas de ajuste del Gobierno.
“Los intentos del Gobierno por infundir miedo y temor fueron infructuosos. Salvo aquellos que garantizan guardias mínimas en servicios esenciales, ningún estatal concurrió a trabajar. En este momento, la adhesión a la medida es casi total en todo el país”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE, en declaraciones radiales.
En ese sentido, Aguiar agregó: "Tiene que quedar claro que los estatales no paramos por deporte, que vamos a la huelga empujados por el Gobierno. Su política económica, la reducción de los salarios reales y los despidos son solo algunas de las causas de nuestra decisión de parar”.
Y evaluó: “Tenemos un Gobierno que se arrodilla ante el poder extranjero y traza así un camino de servidumbre. Nosotros tenemos que demostrar que nunca nos vamos a arrodillar. Parafraseando a los propios funcionarios, el que las hace las paga y este Gobierno las va a pagar”.
Durante la medida de fuerza en las 23 provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los más de 2200 municipios sólo se garantizan guardias mínimas en los hospitales, centros asistenciales de adultos mayores, adolescentes y niños, y en servicios esenciales para hacer frente a emergencias.
“Se trata de una medida que tiene un fuerte impacto y demuestra que la riqueza la generamos únicamente los trabajadores y nadie más. Tenemos derecho a parar”, apuntó el Secretario General de ATE y agregó: “La OIT realizó un estudio en 63 países del mundo que impulsaron legislaciones laborales similares a las contenidas en la Ley Bases, y todas fracasaron. Frente a la crisis de empleo y de salarios que estamos sufriendo, se debiera hacer todo lo contrario a lo que hace el Gobierno”.
El reclamo de los estatales, en específico, tiene que ver con la reincorporación inmediata de todos los cesanteados y detención de los despidos; la regularización de todos los vínculos contractuales y pase a planta permanente de todos los trabajadores; el aumento salarial y en las jubilaciones que supere la inflación; el rechazo a la restitución del Impuesto a las Ganancias; el rechazo a cualquier privatización de empresas públicas; la anulación del Protocolo Anti-Movilizaciones; la anulación del DNU 70/23; y el rechazo a la Ley Bases, entre otros.
