El Gobierno de Javier Milei reconoció que utiliza parte de los recursos del Sistema Vial Integrado (SisVial), un fondo fiduciario creado para financiar la construcción, mantenimiento y rehabilitación de rutas nacionales, con el objetivo de sostener el equilibrio fiscal. La admisión estuvo a cargo del vocero presidencial Adrián Ravier durante una visita a La Pampa.
“Lo que no te puedo decir ahora es cuánto de lo que se recauda está yendo al mantenimiento de rutas, pero sin duda una parte de esos impuestos va a Vialidad y la otra parte la dispone el Ministerio de Economía como parte de lograr el equilibrio fiscal de una situación muy compleja que heredamos”, afirmó Ravier.
De acuerdo a una nota de Hugo Alconada Mon para La Nación, el fondo se alimenta con una porción del impuesto a los combustibles líquidos y, según la normativa que lo regula, sus recursos tienen un destino específico: las obras viales. Sin embargo, de acuerdo con los datos difundidos, desde el inicio de la gestión de Milei se recaudaron $1.503.252 millones y apenas $394.406 millones fueron ejecutados en obras. Más de $1 billón permanecía sin aplicarse al mantenimiento de las rutas.
La subejecución alcanza niveles particularmente elevados. Durante 2024 se utilizó apenas el 11,3% de lo recaudado por el SisVial, mientras que en 2025 la ejecución llegó al 39%. Entre enero y mayo de 2026, en tanto, se aplicó solo el 18,5% de los $450.500 millones recaudados. Al cierre de mayo, $1.038.779 millones permanecían colocados en instrumentos financieros o inmovilizados en una cuenta corriente.
Frente a las críticas por el estado de las rutas, Ravier defendió la situación actual y sostuvo que Vialidad Nacional continúa realizando tareas de mantenimiento. “Yo no diría que nada del dinero de ese impuesto va a mantenimiento de rutas. Hoy las rutas se están manteniendo, yo uso la Ruta 5 y si no hubiera mantenimiento en 2 años y medio no estaría como está, estaría peor”, argumentó. La discusión queda así planteada entre la prioridad oficial de sostener el superávit fiscal y el destino legal de recursos que fueron creados específicamente para garantizar infraestructura vial.