El Gobierno de Javier Milei oficializó mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 697/2025 la autorización para el ingreso de tropas estadounidenses al país, con el fin de participar del operativo militar conjunto denominado “Operación Tridente”.
El decreto establece que la Armada Argentina financiará los costos de la operación, que ascenderían a $60.211.157, una cifra que forma parte del presupuesto asignado al área de Defensa.
Las prácticas se realizarán entre el 26 de octubre y el 15 de noviembre en las bases navales de Mar del Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano, además de zonas marítimas y terrestres destinadas al entrenamiento. Según fuentes del ministerio, los gastos corresponden a la estadía y logística de las tropas extranjeras, que entrenarán junto a efectivos nacionales en maniobras combinadas de alta especialización.
En los fundamentos del texto oficial, el Ejecutivo sostiene que el objetivo del operativo es “intercambiar procedimientos, técnicas y tácticas de entrenamiento entre Fuerzas Especiales” para mejorar la coordinación multinacional, la capacidad de respuesta inmediata y el uso de tecnologías avanzadas. A su vez, se argumenta que la experiencia de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos representa un “recurso invaluable” tanto en escenarios de combate como de asistencia humanitaria.
El Gobierno defendió la medida como una “oportunidad estratégica para potenciar las capacidades nacionales” y reafirmó que la participación argentina en la Operación Tridente busca demostrar su compromiso con la “estabilidad regional y la seguridad internacional”. Además, el texto destaca que la no participación en el ejercicio “afectaría significativamente el adiestramiento naval en operaciones combinadas con la Armada de los Estados Unidos”.
Pese a la magnitud del operativo y al costo que implicará para el Estado, la decisión no fue debatida en el Congreso, sino implementada directamente por decreto presidencial. Además, rebaten la versión oficial que se encargó de reiterar el Ejecutivo sobre que, en el marco de las negociaciones por un swap con el Tesoro estadounidense, la administración de Trump no pediría nada a cambio, o al menos, nada que "perjudique al país".