La larga agonía de Garbarino llegó a su final. El Juzgado Nacional en lo Comercial N°7 decretó la quiebra de la histórica cadena de electrodomésticos al no producirse una oferta satisfactoria para la reestructuración de sus deudas en el marco del concurso preventivo iniciado en 2021.
La decisión fue firmada el 4 de marzo por el juez Fernando D'Alessandro, quien concluyó que no existían condiciones para continuar con el concurso preventivo iniciado en 2021. Según surge de la resolución judicial, la empresa no logró alcanzar las mayorías necesarias entre los acreedores para aprobar un acuerdo y tampoco prosperó la instancia de cramdown que habilitaba a terceros a presentar propuestas para quedarse con la compañía.
En concreto, el único interesado inscripto en el registro de salvataje, la sociedad financiera Vlinder, nunca presentó una propuesta formal de reestructuración, mientras que la propia concursada tampoco consiguió adhesiones suficientes para cerrar el proceso. Con ese escenario, el magistrado aplicó lo previsto por los artículos 48 y 77 de la Ley de Concursos y Quiebras y dispuso la apertura del proceso falencial.
Con el decreto de quiebra, la compañía queda automáticamente desapoderada de la administración de sus bienes, que pasan a quedar bajo control de la sindicatura designada por el tribunal. A partir de ahora comenzará el proceso de identificación y eventual liquidación de los activos para intentar pagar, en la medida de lo posible, a los acreedores.
El juez dispuso mantener la inhibición general de bienes y ordenó notificar a múltiples registros públicos, entre ellos los de propiedad inmueble, automotor y marcas, para detectar eventuales activos a nombre de la empresa. También se extendió la medida a la provincia de Tierra del Fuego debido a la participación accionaria de Garbarino en las sociedades industriales Tecnosur S.A. y Digital Fueguina S.A., vinculadas históricamente a la producción electrónica en esa provincia.
Además, el tribunal resolvió inhabilitar a los directivos de la compañía, entre ellos su presidente Carlos Rosales, la vicepresidenta María Marta Facio y el director Gabriel Rosales, quienes no podrán ejercer el comercio durante el plazo previsto por la ley concursal. La resolución también dispuso una prohibición de salida del país para los tres ejecutivos hasta al menos octubre de 2026, fecha prevista para la presentación del informe general de la sindicatura.
En paralelo, el juzgado ordenó cerrar las cuentas bancarias abiertas durante el concurso en el BBVA y transferir cualquier saldo al expediente judicial, además de prohibir cualquier pago o entrega de bienes a la empresa sin autorización del síndico.
Otro de los puntos centrales de la resolución es la intervención directa sobre los últimos locales que seguían vinculados a la firma. El tribunal ordenó constatar y eventualmente clausurar los tres puntos de venta identificados en el expediente: las sucursales ubicadas en la Avenida Cabildo en Belgrano, la de la calle Uruguay en el centro porteño y un outlet en el barrio de Almagro.
La sindicatura quedó autorizada incluso a allanar domicilios y requerir fuerza pública para realizar los inventarios y asegurar los bienes que puedan encontrarse en esos establecimientos.
En paralelo, el juez abrió formalmente el proceso de verificación de créditos, mediante el cual bancos, proveedores, exempleados y otros acreedores deberán presentar sus reclamos para determinar el pasivo final de la quiebra. El plazo para iniciar ese trámite vence el 24 de junio de 2026, mientras que los informes clave de la sindicatura se presentarán entre agosto y octubre de este año.
LA HISTORIA DE GARBARINO
Fundada en 1951, la cadena llegó a dominar cerca del 30% del mercado de electrodomésticos, con más de 300 sucursales en todo el país, fábricas en Tierra del Fuego y negocios asociados como Compumundo y Garbarino Viajes. En su momento de mayor expansión llegó a emplear a más de 5.000 trabajadores.
Sin embargo, una combinación de problemas financieros, caída del consumo, cambios en el comercio minorista y dificultades para acceder a financiamiento fueron deteriorando su estructura. La venta de la compañía en 2020 al empresario Carlos Rosales, quien prometía un plan de rescate, no logró revertir la crisis y la empresa terminó reduciendo su operación a una escala casi testimonial.
Los informes presentados en el expediente mostraban que la compañía había quedado con menos de 20 empleados, apenas tres locales activos y ventas mensuales mínimas, sin capacidad financiera para sostener la operación.