01.06.2026 / SANTA CRUZ
La Justicia habilitó la avanzada sobre los glaciares y reavivó la disputa ambiental en Santa Cruz
La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia revocó una cautelar que mantenía suspendida la aplicación de la reforma de la Ley de Glaciares en Santa Cruz. El fallo favoreció al Gobierno de Javier Milei y abrió una nueva etapa de controversias entre las políticas de protección ambiental y el impulso a las actividades económicas en zonas sensibles.
La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia dejó sin efecto la medida cautelar que impedía la aplicación de la Ley N.º 27.804 en Santa Cruz, una norma complementaria de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. La decisión representó un triunfo judicial para la Casa Rosada, que venía impulsando la plena vigencia de la reforma en todo el territorio nacional.
La cautelar había sido dictada por el Juzgado Federal de Río Gallegos luego de una presentación realizada por autoridades municipales y legisladores nacionales de El Calafate. Los demandantes cuestionaban los posibles impactos de la norma sobre áreas consideradas estratégicas para la protección de los recursos naturales y las reservas de agua dulce de la provincia.
Sin embargo, los camaristas consideraron que la resolución de primera instancia carecía de fundamentos suficientes para suspender una ley aprobada por el Congreso. En el fallo sostuvieron que el planteo se apoyaba en “meras eventualidades” y que no existía una evaluación concreta de los artículos cuya aplicación se pretendía frenar. También señalaron que la decisión judicial generaba órdenes de “confusas implicancias” para el Estado nacional.
Otro de los puntos centrales de la sentencia fue el cuestionamiento a la legitimación de quienes promovieron la demanda. Los jueces afirmaron que el intendente de El Calafate y los legisladores involucrados no podían atribuirse la representación de toda la provincia para impulsar una acción de ese alcance.
Desde la Procuración del Tesoro celebraron el fallo y lo interpretaron como un respaldo al esquema de “federalismo de concertación ambiental” impulsado por el Gobierno nacional. Al mismo tiempo, remarcaron que si bien el Poder Judicial puede revisar la constitucionalidad de las normas, no le corresponde sustituir decisiones regulatorias adoptadas por los poderes democráticamente elegidos. La resolución volvió a poner en el centro del debate el delicado equilibrio entre desarrollo económico, autonomía provincial y preservación ambiental.
Lo más leído
