El diputado nacional Maximiliano Ferraro anunció este lunes que la Coalición Cívica denunciará al fiscal Eduardo Taiano y al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi por el sobreseimiento del presidente Javier Milei en la causa $LIBRA, y los acusó de impulsar una maniobra para garantizar la “impunidad y el encubrimiento” del mandatario y su entorno.
"Estamos frente a un operativo y maniobra judicial para consagrar la impunidad y el encubrimiento de Javier Milei y su entorno. Estamos frente a un fallo vergonzoso de los que muchas veces nos tiene acostumbrado Comodoro Py para garantizar la impunidad", recalcó.
Ferraro calificó la resolución como un “fallo vergonzoso” y cuestionó que la investigación avanzara hacia los sobreseimientos sin que los involucrados fueran convocados a prestar declaración indagatoria. Según sostuvo, después de más de un año y medio de trámite todavía existían medidas de prueba pendientes.
El diputado -quien presidió la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre la criptomoneda- vinculó esa decisión con el previo "apartamiento de los querellantes" y afirmó que esa exclusión dejó a los damnificados sin posibilidad de pedir nuevas pruebas o recurrir el fallo. En ese contexto, señaló que la Cámara Federal de Casación Penal debe resolver un planteo sobre la participación de las querellas.
“Tenemos que estar muy atentos a lo que hagan los magistrados de la Cámara de Casación para ver si se restituye una parte de la querella o la totalidad”, manifestó Ferraro, quien consideró claves las próximas 48 horas para esa definición.
Sobre los elementos reunidos por la comisión parlamentaria, el legislador mencionó información sobre la ruta del dinero, comunicaciones telefónicas y actividades previas al lanzamiento de $LIBRA.
Ferraro aseguró que los diputados "entregaron documentación" a la fiscalía y preservaron información sensible para evitar interferir con la investigación judicial.
También reclamó explicaciones sobre las comunicaciones entre Milei y el empresario Mauricio Novelli durante la jornada en la que el Presidente difundió el criptoactivo. Según planteó, esas circunstancias debieron ser examinadas antes de resolver los sobreseimientos.
El legislador cuestionó además que se tomaran como válidas respuestas escritas de la Oficina Anticorrupción y de la Secretaría General de la Presidencia, mientras que, según su evaluación, se relativizaron otros elementos incorporados al expediente.