12.06.2026 / Política

El Gobierno de Milei designó al hijo de Horacio Rosatti en la Justicia de Santa Fe

A través de la publicación de los decretos correspondientes en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo avanzó en la cobertura de vacantes claves.





El Gobierno de Javier Milei oficializó la designación de tres nuevos magistrados para Santa Fe. A través de la publicación de los decretos correspondientes en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo avanzó en la cobertura de vacantes clave, donde se destaca Emilio Rosatti, el hijo del juez de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.

El foco de la medida recae sobre el Decreto 445/2026, mediante el cual el Presidente resolvió nombrar al doctor Rosatti como Juez del Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe. El nombramiento, firmado conjuntamente por Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, coloca al hijo del supremo en una posición estratégica dentro de una jurisdicción asolada por la criminalidad compleja y el narcotráfico. Si bien el proceso cumplió con los pasos constitucionales de rigor, la designación de un apellido con tanto peso institucional no pasa desapercibida.

El avance oficial sobre los tribunales de Santa Fe no se agotó en la capital provincial. En la misma edición del Boletín Oficial, se ratificaron los nombramientos de Santiago Joaquín Saux como Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Rafaela y de Walter Alberto Rodríguez al frente del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de Santa Fe. 

Mientras el Poder Ejecutivo demuestra una eficiencia notable para instalar nombres propios en las sillas de la magistratura santafesina, el Ministerio de Justicia emitió la Resolución 274/2026, en la cual se decidió diferir la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal (T.O. 2019) en la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba hasta marzo de 2027. Esta postergación del sistema acusatorio, un modelo que busca mayor agilidad y transparencia en las investigaciones penales, sugiere que para la administración libertaria es más prioritario quiénes ocupan los juzgados que la implementación de procesos que limiten la discrecionalidad judicial.