Desde que
Javier Milei llegó a la Casa Rosada, más de 26.000 empresas empleadoras dejaron de existir. En ese marco, uno de los datos más preocupantes es que la mayor parte de esas bajas correspondió a pequeñas y medianas empresas, que concentran una parte importante del empleo privado y atraviesan una situación cada vez más compleja por la menor actividad, los costos crecientes y la mayor competencia importada.
El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, fue quien remarcó que "el 98% de las empresas que cerraron fueron pymes", una definición que sintetiza el alcance de un fenómeno que,
según datos del Sistema de Riesgos del Trabajo, ya dejó fuera de actividad a 26.448 firmas empleadoras desde noviembre de 2023 y afectó principalmente a las unidades productivas más pequeñas del país.
La radiografía de los cierres muestra que el golpe se concentró en los segmentos de menor tamaño. Del total de empresas dadas de baja, 17.630 tenían un solo empleado y otras 3.391 contaban con apenas dos trabajadores. A ellas se suman más de 4.900 firmas con entre tres y 25 empleados. Solo el 2% de las compañías que desaparecieron correspondía a estructuras de mayor dimensión, un dato que expone la fragilidad de las pymes frente al escenario económico actual.
Desde distintos sectores industriales vinculan la situación a una combinación de caída del consumo, costos elevados y apertura de importaciones. Sin embargo, el deterioro suele atribuirse, entre otras cosas, a la presión tributaria, los altos costos logísticos y las dificultades de financiamiento, factores que se potencian con una mayor competencia externa.
El contraste se observa en sectores como la minería y el petróleo, que lideran el crecimiento económico pero todavía no logran compensar la pérdida de actividad en buena parte de la industria. Mientras el Gobierno destaca el avance de Vaca Muerta y los proyectos impulsados por el RIGI, empresarios pyme aseguran que el efecto derrame aún no llega a las economías regionales ni a los proveedores locales, que en muchos casos continúan operando con niveles de actividad muy por debajo de los registrados antes del cambio de gestión.