23.07.2026 / FALLO DE EEUU
Nacionalización de Arolíneas Argentinas: tras el fallo de la Justicia de EEUU, el Gobierno analiza los pasos a seguir
La Casa Rosada estudia distintas alternativas para intentar frenar la ejecución de la condena por la expropiación de Aerolíneas y Austral, que supera los US$390 millones más intereses.
La Procuración del Tesoro comenzó a definir la estrategia judicial que seguirá el Gobierno luego de que la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia confirmara la sentencia contra la Argentina por la nacionalización de Aerolíneas Argentinas y Austral.
Entre las opciones que evalúa el Ejecutivo figura solicitar una nueva revisión ante la propia Cámara de Apelaciones, pedir que el expediente sea tratado por una integración ampliada del tribunal o recurrir directamente a la Corte Suprema de Estados Unidos. En paralelo, también analiza pedir la suspensión de la ejecución de la sentencia para evitar que Titan Consortium 1 LLC avance con medidas sobre activos argentinos mientras se resuelven esos planteos.
Qué hay detrás de la causa
Este último es el nombre de la firma que adquirió los derechos económicos del laudo impulsado originalmente por sociedades del Grupo Marsans tras la nacionalización de Aerolíneas Argentinas y Austral. La causa surge a partir de la identificación por parte de la Justicia estadounidense de una deuda de US$390.907.115 al 10 de diciembre de 2024, cifra a la que deberán sumarse los intereses posteriores.
El conflicto se remonta a 2009, cuando empresas pertenecientes al Grupo Marsans iniciaron un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por la expropiación de sus acciones, concretada mediante la Ley 26.466 de 2008. En 2017 el tribunal arbitral condenó a la Argentina a pagar cerca de US$321 millones más intereses y costas, decisión que quedó firme en 2019 tras el rechazo del pedido de anulación presentado por el país.
Posteriormente, Titan promovió en Estados Unidos el reconocimiento y la ejecución del laudo. En ese proceso, la Justicia rechazó el planteo argentino que pretendía aplicar un plazo de prescripción de tres años y estableció que correspondía uno de doce, criterio que ahora fue ratificado por la Cámara de Apelaciones y dejó firme el reconocimiento de la condena.
La próxima decisión del Ejecutivo estaría orientada a definir si el Estado solicita una revisión ante la propia Cámara de Apelaciones o si lleva el caso directamente a la Corte Suprema de Estados Unidos. Cualquiera de esas alternativas podría complementarse con un pedido de suspensión de la ejecución, bajo la idea de demorar el impacto financiero consecuente de la causa.
Lo más leído
