31.07.2026 / EL PRÓXIMO 6 DE AGOSTO
La CGT acompañará la movilización al Congreso contra la reforma de la Ley de Tierras
La central obrera confirmó que participará de la protesta convocada junto a las dos CTA, la UTEP y otras organizaciones para rechazar el proyecto oficial que modifica la Ley de Tierras y debatirá el Senado.
La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó su presencia en la movilización convocada para el próximo 6 de agosto frente al Congreso en rechazo al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.. Así lo confirmó la Central el jueves, en continuidad con las medidas de protesta que viene llevando adelante contra la reforma laboral.
La marcha se realizará el mismo día en que el oficialismo intentará volver a llevar el proyecto al recinto del Senado, luego de que el tratamiento fuera postergado en cuatro oportunidades por falta de apoyos suficientes. La última reprogramación fue impulsada por la senadora Patricia Bullrich, quien promovió un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto al advertir que el Gobierno no reunía los votos necesarios.
Además de la CGT, la convocatoria reúne a las dos CTA, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), organizaciones sociales, agrupaciones de izquierda y espacios de autoconvocados. La protesta también estará precedida por una semana de actividades bajo la consigna "Argentina no se vende", que incluirá talleres, radios abiertas, banderazos y una campaña de recolección de firmas en distintos puntos del país.
El rechazo al proyecto también cosechó apoyos de otros sectores. En los últimos días se difundieron una carta abierta dirigida a los legisladores firmada por la Iglesia, la Pastoral Social y Cáritas, además de pronunciamientos del Movimiento Nacional de Capellanes y del Llamamiento Argentino-Judío, todos con críticas a la propuesta impulsada por el Ejecutivo.
Alerta por las tierras rurales
La iniciativa oficial modifica cinco leyes y uno de sus puntos centrales reescribe la Ley de Tierras Rurales 26.737, vigente desde 2011, que establece límites a la propiedad extranjera sobre tierras rurales. El nuevo esquema elimina las restricciones nacionales y deja en manos de las provincias la definición de eventuales límites, manteniendo únicamente la prohibición para que Estados extranjeros o empresas con participación estatal extranjera adquieran inmuebles rurales.
El proyecto también endurece el régimen de expropiaciones, acelera los desalojos mediante el juicio sumarísimo y deroga parte de la Ley de Manejo del Fuego, que impedía durante 30 años modificar el uso de tierras afectadas por incendios. En paralelo, el Gobierno busca avanzar con la iniciativa en una sesión cuyo resultado todavía aparece abierto.
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