Luego de que el Gobierno resignara el capítulo que introducía cambios en la
Ley de Tierras por una amplia pérdida de respaldos, el Senado de la Nación debatirá este jueves una versión reducida del proyecto de Propiedad Privada. Si bien, el paquete impulsado por Federico Sturznegger perdió su tramo más controvertido, tres de sus reformas más sensibles siguen en pie: la implementación de
desalojos más rápidos, la
modificación de la Ley de Manejo del Fuego y un endurecimiento de las condiciones para que el Estado pueda avanzar con
expropiaciones destinadas a obras de interés público.
Tras la presión de los aliados que le quedaban en el recinto ante la caída de votos clave -de legisladores que responden a Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalacqua (Misiones), Rolando Figueroa (Neuquén) y figuras de la UCR-, el oficialismo, liderado por la senadora
Patricia Bullrich, resolvió descartar momentáneamente el capítulo que derivó en una convocatoria masiva para movilizar frente al Congreso.
La decisión significó un duro golpe para su imagen, puesto que hace días nada más la jefa del bloque libertario había aceptado introducir mayores modificaciones para minimizar el impacto de las reformas a una ley que nació en 2011 con el objetivo de proteger al territorio nacional de la extranjerización.
Desalojos
Ahora, el núcleo de la iniciativa apunta a acelerar la restitución de inmuebles ocupados. El dictamen establece que, en los casos de usurpaciones o de tenedores precarios, un juez podrá ordenar la entrega inmediata de la propiedad cuando considere que el derecho invocado por el propietario resulta "verosímil" y exista una caución juratoria. Además, podrá intimar la devolución del inmueble dentro de las 72 horas si el dueño acredita documentalmente la titularidad.
Para los alquileres con deudas, el texto fija un procedimiento diferente. Antes de iniciar el desalojo, el propietario deberá intimar al inquilino mediante carta documento o correo electrónico y otorgarle un plazo mínimo de diez días corridos para regularizar la situación. Si el incumplimiento persiste, podrá promover la acción judicial, sin mediación ni ninguna medida previa. En los casos donde haya niñas, niños, personas mayores o personas con discapacidad, el juez deberá dar intervención a los organismos de protección para garantizar una solución habitacional transitoria.
Menor protección ambiental ante incendios
Otro de los ejes del proyecto modifica la
Ley de Manejo del Fuego. La propuesta elimina la prohibición de cambiar durante 30 años el destino de las superficies incendiadas en zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y áreas periurbanas, una restricción que buscaba desalentar incendios provocados con fines inmobiliarios o productivos. En el caso de los bosques nativos, se mantiene la restricción para alterar el uso del suelo, aunque desaparece el plazo de 60 años previsto por la legislación vigente.
Expropiaciones
El proyecto también endurece las condiciones para que el Estado pueda expropiar un inmueble destinado a una obra pública. A partir de la reforma, deberá justificar con mayor rigor por qué existe utilidad pública y, además del valor de la propiedad, podrá tener que pagar una compensación por el lucro cesante (las ganancias que el dueño asegura haber dejado de percibir), con un tope del 30%. La indemnización también devengará intereses calculados según la inflación y la tasa del Banco Nación.
Por último, la iniciativa incorpora modificaciones vinculadas a la regularización dominial y la digitalización de los registros de la propiedad. Entre ellas, reforma la denominada Ley Pierri para facilitar el acceso a la escritura de la vivienda única a quienes acrediten una posesión pública de al menos diez años, además de habilitar la utilización de documentación digital en los registros inmobiliarios de todo el país.
Movilización
Pese a que el oficialismo retiró del proyecto el capítulo que flexibilizaba la venta de tierras a extranjeros por falta de votos, las organizaciones sociales, sindicales, ambientales y territoriales mantuvieron la convocatoria y este jueves marcharán al Congreso bajo las consignas "Argentina no se vende" y "La Patria no se vende", al considerar que la iniciativa todavía conserva reformas que rechazan, como los cambios en desalojos, expropiaciones y la Ley de Manejo del Fuego.