01.08.2026 / ESTADOS UNIDOS
Trump avanza con deportaciones de más de 300.000 haitianos tras un fallo de la Corte Suprema
Más de 300.000 haitianos perdieron esta semana el Estatus de Protección Temporal (TPS) que les permitía vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos. La medida quedó habilitada después de que la Corte Suprema respaldara, por 6 votos contra 3, la decisión del gobierno de Donald Trump de terminar con el programa para ciudadanos de Haití y Siria.
Más de 300.000 inmigrantes haitianos que viven en Estados Unidos perdieron el lunes 27 de julio el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), después de que vencieran las últimas medidas judiciales que habían demorado su eliminación. El cambio los deja sin la protección frente a la deportación y, en muchos casos, sin autorización para trabajar legalmente en el país.
La decisión es consecuencia de un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos del 25 de junio que, por una mayoría de 6 votos contra 3, habilitó a la administración de Donald Trump a poner fin al TPS para ciudadanos de Haití y Siria. El tribunal sostuvo que la legislación que creó el programa limita ampliamente la posibilidad de que los jueces revisen las decisiones del Departamento de Seguridad Nacional sobre la designación, extensión o finalización del beneficio.
La medida afecta principalmente a la comunidad haitiana: alrededor de 350.000 personas estaban alcanzadas por el litigio, junto con unos 6.000 ciudadanos sirios. Para quienes no tengan otra vía migratoria vigente, la pérdida del TPS implica quedar expuestos a procedimientos de deportación.
Qué es el TPS y por qué protegía a los inmigrantes haitianos
El Estatus de Protección Temporal es un mecanismo migratorio estadounidense destinado a ciudadanos de países atravesados por guerras, catástrofes naturales u otras condiciones extraordinarias que vuelven peligroso su regreso.
Mientras una nación permanece incluida en el programa, sus ciudadanos que cumplen determinados requisitos pueden permanecer legalmente en Estados Unidos, obtener autorización para trabajar y quedar protegidos frente a la deportación.
Haití fue incorporado al TPS en 2010, después del terremoto de magnitud 7 que devastó al país y provocó cientos de miles de muertes. La protección fue prorrogada sucesivamente durante los años siguientes ante el deterioro de las condiciones políticas, sociales y de seguridad.
La situación haitiana volvió a agravarse después del asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021 y del crecimiento de las organizaciones armadas. Actualmente, la violencia desplazó a más de un millón de personas dentro del país.
Existe además una contradicción señalada por organizaciones defensoras de los inmigrantes: mientras el gobierno estadounidense sostiene que las condiciones permiten terminar con el TPS, el propio Departamento de Estado mantiene a Haití entre los destinos a los que recomienda a los ciudadanos estadounidenses no viajar debido a los secuestros, el crimen, la violencia y los disturbios.
La Corte Suprema respaldó al gobierno de Trump
El caso llegó a la Corte Suprema después de que tribunales inferiores bloquearan temporalmente la decisión de la administración Trump. En su sentencia, la mayoría conservadora del máximo tribunal determinó que la ley que regula el TPS impide revisar judicialmente buena parte de las decisiones del Departamento de Seguridad Nacional sobre la continuidad de las designaciones.
El fallo también rechazó el pedido de los demandantes haitianos de mantener suspendida la eliminación del programa mientras continuaba el litigio.
Las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson votaron en disidencia. Kagan advirtió en su voto que la consecuencia de la decisión sería que cientos de miles de haitianos y sirios perderían su estatus legal y sus permisos de trabajo y que muchos no tendrían otra alternativa legal que abandonar Estados Unidos.
El fallo señaló, además, que el TPS fue creado por el Congreso en 1990 como una herramienta de asistencia humanitaria de carácter temporal, aunque reconoció que en la práctica algunas de sus designaciones permanecieron vigentes durante décadas.
ICE prepara operativos y crece el temor a las deportaciones
Con el vencimiento de las protecciones judiciales, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) prepara un incremento de sus operaciones dirigidas a antiguos beneficiarios haitianos del TPS, según informó ABC News.
Las consecuencias podrían sentirse especialmente en Florida, donde reside una de las mayores comunidades haitianas de Estados Unidos, y en ciudades como Springfield, Ohio, que recibió una importante cantidad de inmigrantes procedentes de ese país durante los últimos años.
Las personas que ya cuentan con una orden definitiva de deportación enfrentan el riesgo más inmediato. Para otros inmigrantes será necesario atravesar previamente un procedimiento ante los tribunales migratorios y algunos todavía podrían acceder a alternativas como el asilo, el patrocinio familiar o determinadas visas laborales.
El Departamento de Seguridad Nacional endureció además su mensaje hacia quienes perdieron la protección. Funcionarios del organismo ofrecieron US$2.600 y un pasaje aéreo gratuito a quienes acepten abandonar voluntariamente Estados Unidos.
El impacto puede extenderse a otros inmigrantes
La decisión de la Corte trasciende los casos de Haití y Siria. Cerca de 1,3 millones de personas de 17 países estaban protegidas por el TPS cuando Trump regresó a la Casa Blanca, y su administración avanzó desde entonces con la eliminación de las designaciones correspondientes a numerosos países.
Organizaciones migratorias temen que el precedente judicial facilite nuevas cancelaciones y amplíe la cantidad de extranjeros que pierdan simultáneamente sus permisos de residencia temporal y trabajo.
El impacto también alcanza al mercado laboral estadounidense. Muchos beneficiarios del TPS llevan años —e incluso décadas— viviendo en el país, donde formaron familias, compraron viviendas, crearon empresas y se incorporaron a sectores que ahora podrían perder trabajadores experimentados.
La disputa, por lo tanto, excede la situación migratoria de cientos de miles de haitianos. El fallo de la Corte Suprema fortaleció considerablemente la capacidad del Poder Ejecutivo para decidir qué países permanecen bajo el TPS y redujo las herramientas judiciales disponibles para frenar esas decisiones.
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