El Gobierno nacional avanza con la privatización del Belgrano Cargas, que comprende 7.594 kilómetros de vías distribuidos en 16 provincias. Este jueves anunció el llamado a una licitación nacional e internacional para concesionar por 50 años las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza.
Se trata de una nueva etapa del programa de privatizaciones impulsado por la gestión de
Javier Milei. El ministro de Economía, Luis Caputo, fue quien comunicó la medida y destacó que el esquema permitirá la participación de operadores privados bajo un régimen de acceso abierto. La concesión incluirá planes de inversiones obligatorias y la posibilidad de acceder al RIGI para quienes inviertan al menos USD 200 millones en la renovación de las vías.
Según explicó el Gobierno, el objetivo es recuperar una red que, según su relato, arrastra años de deterioro, falta de mantenimiento e inversiones insuficientes. Los informes citados por la Secretaría de Transporte justificaron que al comienzo de la actual gestión la empresa atravesaba una situación operativa y financiera crítica, con pérdidas, numerosos descarrilamientos y un incumplimiento de entre el 20% y el 40% del mantenimiento programado del material tractivo durante 2023.
En esa líena, Caputo cuestionó el funcionamiento del sistema estatal y sostuvo que, pese a que la producción agropecuaria se multiplicó por seis desde 1970, el Belgrano Cargas transporta actualmente menos carga que entonces.
La concesión contempla obras obligatorias durante los primeros cinco años, además de trabajos optativos que serán considerados al momento de adjudicar los contratos. Entre las obras previstas figuran la eliminación de un cuello de botella ferroviario en Santa Fe, la recuperación de un ramal azucarero del Belgrano y la rehabilitación de tramos de las líneas San Martín y Urquiza.
El esquema también permitirá que los futuros concesionarios adquieran locomotoras y vagones de cada línea. Los recursos obtenidos por la venta y el remate del material rodante serán destinados a un fideicomiso para financiar parte de las obras obligatorias, mientras que el Estado conservará las funciones de regulación, fiscalización y control.