15.09.2026 / DOS COMPETIDORES
Privatización de AySA: el Gobierno recibió dos ofertas para quedarse con el control de la empresa
La apertura de los sobres dejó a dos grupos empresarios en carrera para quedarse con el control de AySA, en una licitación que contempla transferir el 51% de las acciones a un operador estratégico y que, en una segunda etapa, prevé colocar otro 39% en la Bolsa.
El proceso de privatización de la empresa AySA avanzó este martes con las ofertas de los consorcios Rowing-Arcos-Transclor-PHX, encabezado por Rowing S.A., y de Roggio ROAS S.A.U., entre otros integrantes. Según la información que trascendió, fueron los únicos dos grupos que se presentaron de las 17 empresas que habían manifestado interés en participar de la licitación.
Ahora, las propuestas quedaron en manos de la comisión correspondiente, que deberá analizar los antecedentes técnicos, financieros, patrimoniales y legales de los postulantes antes de habilitar la siguiente instancia. Recién después de esa revisión se conocerán las ofertas económicas y se definirá quién queda al frente de la empresa que presta el servicio de agua potable y cloacas a unos 14 millones de personas en el AMBA.
El esquema diseñado por el Gobierno establece que el futuro operador deberá cumplir un plan de inversiones superior a los US$2.000 millones entre 2027 y 2031, mientras que el contrato de concesión tendrá una duración inicial de 30 años, con posibilidad de extenderse por otros diez. En ese período también se fijaron metas de cobertura que deberán alcanzar el 90% para agua y el 75% para cloacas al finalizar la concesión.
El Estado Nacional controla actualmente el 90% de AySA y el 10% restante pertenece a sus trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada. La privatización prevé que el 51% quede inicialmente en manos del operador estratégico y que el Estado coloque posteriormente el 39% restante en el mercado de capitales, mientras que el porcentaje de los empleados se mantendrá sin cambios.
La compañía había regresado al control estatal en 2006, tras la salida del grupo francés Suez, y ahora el Ejecutivo busca transferir nuevamente su operación al sector privado. El objetivo del Gobierno es recaudar entre US$450 y US$500 millones por la operación.
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