El titular de la SIDE,
Cristian Auguadra, deberá responder este martes ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia por el funcionamiento del organismo y los cambios impulsados por
Javier Milei, en una reunión reservada en la que la oposición pondrá especialmente bajo la lupa el Plan de Inteligencia Nacional y las atribuciones incorporadas por el DNU 941/2025.
Uno de los principales puntos de la convocatoria será determinar qué versión del PIN está actualmente en ejecución y cómo se tradujeron sus objetivos en directivas concretas, después de que la primera versión generara fuertes cuestionamientos por contemplar tareas de inteligencia sobre "actores estratégicos" que pudieran afectar las políticas económicas del Gobierno o "influir o manipular" la opinión pública. La oposición busca saber también qué ocurrió con las observaciones realizadas por la anterior Bicameral.
Auguadra deberá explicar además los alcances del DNU 941/2025, que reformuló la Ley de Inteligencia Nacional y habilitó, entre otras modificaciones, que agentes de inteligencia puedan aprehender personas ante situaciones de flagrancia o por requerimiento judicial. Otro de los interrogantes estará puesto en la articulación de la SIDE con los organismos de inteligencia de Seguridad y Defensa, incluido el traspaso de la inteligencia militar al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
La citación se realizará bajo la conducción de Sebastián Pareja, armador de confianza de Karina Milei, quien asumió la presidencia de la Bicameral hace poco más de un mes, mientras Auguadra responde al sector de Santiago Caputo, todavía con influencia sobre la SIDE. En ese escenario de internas dentro del oficialismo, los diputados de Unión por la Patria enviaron 121 preguntas al titular del organismo, en lo que será su primera comparecencia ante el Congreso desde que reemplazó a Sergio Neiffert en diciembre de 2025.
El control parlamentario también llega después de una fuerte ampliación presupuestaria para la SIDE: el DNU 594/2026 sumó $49.261 millones a los $97.135 millones previstos originalmente para 2026, llevando los recursos del organismo por encima de los $146.000 millones y ampliando además las partidas destinadas a gastos reservados. El aumento vuelve a poner bajo discusión el manejo de los fondos de inteligencia, un área que ya había quedado en el centro de la disputa política durante 2024 por la asignación de $100.000 millones en gastos reservados.