El Gobierno de Javier Milei, a través del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), oficializó un acuerdo con Starlink, la empresa de Elon Musk, para brindar conectividad satelital a 6000 escuelas rurales de todo el país. La operación contempla u$s 21.876.000 del Fondo del Servicio Universal (FSU), con un esquema que despierta cuestionamientos por la ausencia de una licitación, la velocidad del trámite y las obligaciones que recaerán sobre las provincias una vez terminado el financiamiento nacional.
Según detalló Martín Becerra para Letra P, del monto total, Starlink aportará, en carácter de "donación", u$s 9.978.000 en equipos y dos años de servicio, mientras que el Estado desembolsará u$s 11.898.000 para instalación, soporte técnico y un tercer año de conectividad. La empresa presentó su "Carta de Intención" el 15 de julio y apenas ocho días después, el interventor del Enacom, Juan Martín Ozores, firmó la Resolución 663/2026. El proceso no incluyó concurso público, licitación ni una compulsa con otros prestadores.
La decisión también genera dudas por la forma en que se determinó el valor de la prestación. Según el análisis citado en la fuente, Starlink estableció unilateralmente la valuación de los equipos y servicios y el costo por establecimiento termina por encima del abono residencial estándar que la propia compañía ofrece en Argentina. En ese marco, la supuesta "donación" de hardware aparece como parte de un esquema que garantiza a la empresa un mercado financiado inicialmente con recursos públicos.
Becerra sostiene que el problema no termina allí. El acuerdo fue formalizado antes de identificar las escuelas que necesitan conectividad y sin una articulación previa con provincias y municipios, responsables de buena parte de los establecimientos. Además, el financiamiento nacional concluye después del tercer año, por lo que las jurisdicciones que adhieran deberán afrontar los costos posteriores de un servicio dolarizado. Una eventual devaluación del peso, por lo tanto, podría incrementar todavía más el impacto sobre presupuestos educativos ya golpeados.
Las condiciones, de acuerdo a la nota del medio mencionado, también establecen una protección especialmente favorable para Starlink: si una escuela seleccionada no puede conectarse por problemas técnicos o de infraestructura, la empresa no queda obligada a reemplazarla ni a devolver los fondos asignados. Si se autoriza excepcionalmente un reemplazo, las gestiones y los costos quedan a cargo de la provincia. Así, mientras el Gobierno presenta la iniciativa como una herramienta para reducir la brecha digital, el diseño del acuerdo deja a las jurisdicciones subnacionales con buena parte de los riesgos y convierte al Estado en el principal financiador de la expansión de Musk en el sistema educativo rural.