04.09.2026 / ANTECEDENTE
De qué se trata la ley que se sancionó en el gobierno de Cristina para la protección de los recursos en Malvinas
La Ley 26.659 fue sancionada en 2011 para impedir la explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina sin autorización estatal. La normativa alcanza a empresas, accionistas y prestadores vinculados con esas operaciones.
Durante el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se sancionó la Ley 26.659, una normativa destinada a regular la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina y a impedir que compañías desarrollen esas actividades sin autorización del Estado nacional, en un contexto atravesado por la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas. La norma fue aprobada el 16 de marzo de 2011 y publicada en el Boletín Oficial en abril de ese año.
De qué se trata la ley que protege los recursos de Malvinas
La legislación no solo alcanza a las empresas que realizan directamente tareas de exploración o extracción, sino también a quienes tengan participación directa o indirecta en sociedades involucradas en esas operaciones. Además, restringe contratos y operaciones económicas, financieras, logísticas, técnicas, de consultoría o asesoramiento con compañías que desarrollen actividades hidrocarburíferas sin la correspondiente habilitación argentina.
El régimen contempla inhabilitaciones de entre cinco y veinte años y otras consecuencias sobre las concesiones de las empresas involucradas, además de su incorporación a registros nacionales, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires. También establece que el Estado nacional, las provincias y los municipios no pueden contratar con personas o compañías que realicen actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la Plataforma Continental Argentina.
Cambios
La normativa fue posteriormente modificada durante el segundo mandato de Cristina Kirchner mediante la Ley 26.915, sancionada en diciembre de 2013, que endureció el esquema e incorporó sanciones penales. Desde entonces, realizar determinadas tareas de exploración sin autorización puede implicar penas de cinco a diez años de prisión, mientras que la extracción, transporte o almacenamiento ilegal puede alcanzar penas de diez a quince años, además de multas, inhabilitaciones y decomisos.
El régimen ya fue utilizado por el Estado argentino: en abril de 2022, el Gobierno informó la aplicación de sanciones contra una empresa petrolera por actividades consideradas ilegales en la Plataforma Continental Argentina vinculadas con Malvinas. En ese momento, se recordó que la legislación permitía imponer inhabilitaciones y otras penalidades a quienes participaran de operaciones hidrocarburíferas sin autorización.
La discusión sobre el alcance de esta ley volvió al centro de la escena a partir del anuncio de Javier Milei sobre nuevas medidas contra las empresas vinculadas con la explotación petrolera en las islas. El Presidente anticipó que buscará acelerar los procedimientos sancionatorios y reforzar los mecanismos para identificar a compañías, accionistas, directores y proveedores involucrados, además de impedir que las firmas que operen en proyectos no autorizados en Malvinas puedan desarrollar actividades en territorio argentino.
Lo más leído
