Guinea-Bissau aprobó una nueva Constitución que amplía considerablemente las facultades del presidente y modifica el equilibrio de poder del país africano. El "sí" obtuvo el 70% de los votos en el referéndum celebrado el domingo 30 de agosto, según los resultados provisionales divulgados este martes por la Comisión Nacional de Elecciones (CNE).
De los 914.428 ciudadanos habilitados para votar, 572.714 acudieron a las urnas. La nueva Carta Magna recibió 383.117 votos a favor frente a 160.904 en contra, mientras que la participación alcanzó el 62,6%, de acuerdo con los datos oficiales.
La consulta fue promovida por el gobierno de transición surgido del golpe militar de noviembre de 2025 y se realizó a poco más de tres meses de las elecciones presidenciales y legislativas del 6 de diciembre, convocadas para poner fin al gobierno militar y devolver formalmente el poder a autoridades electas.
Qué cambia con la nueva Constitución de Guinea-Bissau
La principal modificación afecta la distribución de atribuciones entre el presidente y el primer ministro dentro del sistema político de Guinea-Bissau.
Con la nueva Constitución, el jefe de Estado podrá nombrar y destituir al primer ministro y a los integrantes del gabinete, además de crear o eliminar ministerios. También tendrá la facultad de disolver el Parlamento en situaciones calificadas como de grave crisis política.
Hasta ahora, el país funcionaba bajo un sistema semipresidencial en el que el presidente compartía el poder ejecutivo con un primer ministro cuya designación estaba vinculada a la mayoría surgida de las elecciones legislativas.
Las autoridades militares sostienen que esa convivencia entre ambos centros de poder fue una de las causas de las sucesivas crisis institucionales que atravesó el país.
La reforma también reduce considerablemente el tamaño del Poder Legislativo: la Asamblea Nacional Popular pasará de 102 a 65 miembros. A su vez, las circunscripciones electorales se reducirán de 29 a 12.
Otro de los cambios establece que los candidatos presidenciales deberán haber residido de manera continua en Guinea-Bissau durante los cinco años anteriores a la elección.
La oposición boicoteó el referéndum
El proceso fue rechazado por el Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde (PAIGC), una de las principales fuerzas políticas del país, que llamó directamente a boicotear la consulta.
El partido sostuvo que las autoridades surgidas del golpe militar carecen de legitimidad democrática para impulsar una reforma constitucional y cuestionó las condiciones en las que se desarrolló la campaña.
Antes de la votación, el PAIGC calificó el referéndum como una "puesta en escena" destinada a otorgar una apariencia de legitimidad a una Constitución elaborada por las instituciones creadas después del golpe. También denunció restricciones a las libertades públicas y falta de garantías para una competencia política en igualdad de condiciones.
Organizaciones de la sociedad civil también expresaron cuestionamientos al proceso y advirtieron sobre una "concentración excesiva" de poder en la Presidencia.
El golpe militar de noviembre de 2025
El referéndum se produjo menos de un año después de una nueva ruptura del orden institucional en Guinea-Bissau.
El 26 de noviembre de 2025, las Fuerzas Armadas tomaron el poder después de unas disputadas elecciones presidenciales y legislativas y desplazaron al entonces presidente Umaro Sissoco Embaló. Los militares suspendieron el proceso electoral antes de que fueran anunciados oficialmente los resultados.
Posteriormente, el general Horta N'Tam asumió como presidente de transición y las nuevas autoridades anunciaron un calendario destinado, según sostuvieron, a restablecer el gobierno civil.
Las elecciones presidenciales y legislativas fueron fijadas para el 6 de diciembre de 2026. La oposición, sin embargo, denunció que el golpe y el posterior proceso constitucional podrían favorecer un regreso de Embaló al poder mediante las nuevas elecciones.
Un país marcado por los golpes de Estado
La crisis de 2025 volvió a poner en primer plano la prolongada inestabilidad institucional de Guinea-Bissau, un pequeño país de África occidental con alrededor de 2,2 millones de habitantes.
Desde su independencia de Portugal en 1973, el país atravesó numerosos golpes, intentos de golpe y crisis políticas. La última intervención militar se inscribió además en una tendencia regional: fue el noveno golpe de Estado registrado en África occidental y central en apenas cinco años.
A la fragilidad política se suma una delicada situación económica y social. Pese a contar con una elevada disponibilidad de recursos naturales en relación con su población, más de la mitad de los habitantes vive en condiciones de pobreza.
Guinea-Bissau también ocupa desde hace años una posición estratégica en las rutas internacionales del narcotráfico. Su ubicación sobre la costa atlántica, combinada con instituciones estatales débiles, convirtió al país en un punto de tránsito para cargamentos de cocaína procedentes de América Latina con destino al mercado europeo.
Con la aprobación de la nueva Constitución, Guinea-Bissau llegará ahora a las elecciones de diciembre con un sistema institucional diferente al que regía antes del golpe: una Presidencia fortalecida, un Parlamento más pequeño y una oposición que cuestiona tanto la legitimidad de las reformas como las condiciones del proceso político.