08.09.2026 / TRAS LOS ANUNCIOS
Malvinas: Tierra del Fuego pidió derogar el tratado que protege las inversiones británicas en Argentina
La gestión fueguina reclama al Congreso que elimine la ley que ratificó el acuerdo de protección de inversiones con el Reino Unido. Cuestionan que el convenio otorgue beneficios a empresas británicas mientras se eleva el reclamo por la soberanía de las islas.
Los anuncios de Javier Milei sobre el endurecimiento de las sanciones contra empresas que operen en Malvinas fueron bien recibidos por el Gobierno fueguino. Sin embargo, el secretario de las islas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, Andrés Dachary, pidió avanzar un paso más y reclamó al Congreso la derogación de la Ley 24.184, que ratifica el tratado de promoción y protección de inversiones firmado con el Reino Unido.
“Es un error geopolítico mantener un acuerdo que garantiza el trato de ‘nación más favorecida’ y cede jurisdicción ante el mismo Estado que usurpa, saquea y militariza nuestro territorio”, cuestionó.
El planteo fueguino se conoció después de que Milei anunciara un aumento del presupuesto de Defensa para construir una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y nuevas sanciones contra empresas que exploten recursos naturales en el área de Malvinas sin autorización argentina. En ese contexto, Dachary sostuvo que derogar el tratado constituye una “medida fundamental” y remarcó: “Nuestro conflicto es con el Reino Unido, no con las Islas Malvinas”.
Qué dice la normativa
La Ley 24.184 fue sancionada en 1992 y aprobó el convenio bilateral firmado en Londres en diciembre de 1990, durante el proceso de normalización de las relaciones entre ambos países posterior a la guerra de 1982.
El acuerdo establece, entre otros puntos, que las inversiones británicas deben recibir un trato no menos favorable que el otorgado a inversores argentinos o de terceros países, además de garantizar la libre transferencia de ganancias y protección frente a expropiaciones.
Asimismo, contempla mecanismos de arbitraje internacional para resolver eventuales disputas entre inversores y los Estados. A su vez, una eventual denuncia no implicaría el fin inmediato de la protección para todas las inversiones: la normativa establece que aquellas realizadas mientras el convenio estuvo vigente continúan amparadas por sus disposiciones durante 15 años adicionales.
Dachary dirigió su reclamo tanto al Senado como a la Cámara de Diputados y cerró su planteo con una definición vinculada directamente con la política de soberanía: “Denunciar este tratado es un paso necesario para cumplir con la Constitución”.
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