24.10.2026 / ESCÁNDALO CRIPTO
Caso $LIBRA: las pruebas contra los Milei que el juez descartó antes de sobreseerlos
El juez Martínez de Giorgi sobreseyó a Javier y Karina Milei por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, que provocó pérdidas millonarias entre sus compradores. Sin embargo, el expediente reunió registros de llamadas, documentos sobre presuntos pagos, transferencias de dinero y reuniones con los empresarios involucrados.
El fallo llegó después de más de un año y medio de investigaciones que permitieron reconstruir vínculos económicos previos entre Milei y los empresarios involucrados, comunicaciones telefónicas durante el lanzamiento de la criptomoneda, borradores de acuerdos millonarios y movimientos financieros que despertaron sospechas sobre el destino del dinero. Aunque la existencia de varios de esos elementos quedó acreditada, el magistrado consideró que no permitían demostrar los delitos denunciados.
Qué fue $LIBRA y cómo funcionó la presunta estafa
El escándalo comenzó el 14 de febrero de 2025, cuando Milei utilizó su cuenta oficial de X para promocionar una criptomoneda llamada $LIBRA. El Presidente presentó el proyecto como una iniciativa destinada a financiar emprendimientos argentinos y publicó el contrato digital que permitía adquirir el activo.
La intervención presidencial provocó una demanda extraordinaria. En cuestión de minutos, miles de inversores comenzaron a comprar la criptomoneda y su cotización se disparó. Sin embargo, pocas horas después, el precio se derrumbó más de un 90% y numerosos compradores sufrieron pérdidas.
La sospecha de estafa surgió porque las investigaciones sobre las operaciones en la blockchain detectaron que billeteras vinculadas con los creadores del proyecto habían retirado alrededor de 100 millones de dólares mientras ingresaban nuevos compradores.
El mecanismo fue señalado como un posible rug pull, una maniobra mediante la cual los responsables de un activo digital aprovechan una fuerte demanda para retirar liquidez y obtener ganancias, dejando a los últimos compradores con activos que pierden gran parte de su valor.
La hipótesis de los denunciantes no era simplemente que una criptomoneda había fracasado, sino que la promoción presidencial podía haber formado parte de una operación coordinada para atraer compradores y permitir que determinados operadores retiraran millones de dólares.
Milei eliminó posteriormente su publicación y afirmó que desconocía los detalles del proyecto. El juez, en cambio, consideró que las pérdidas de los inversores y las ganancias de otros participantes no eran suficientes para acreditar una estafa, especialmente por el carácter especulativo de este tipo de activos.
Las llamadas de Milei con el empresario detrás de $LIBRA
Una de las pruebas más relevantes surgió del análisis del teléfono de Mauricio Novelli, empresario vinculado al lanzamiento de $LIBRA y antiguo conocido del Presidente.
Las pericias permitieron reconstruir comunicaciones entre Novelli y Milei durante las horas decisivas del 14 de febrero. A las 18.02, Novelli llamó al mandatario, aproximadamente 36 minutos antes de la creación del token. Ambos volvieron a comunicarse a las 18.54 y, siete minutos después, a las 19.01, Milei publicó el mensaje que disparó la cotización de $LIBRA. A las 19.03 se registró una nueva comunicación.
Novelli se encontraba entonces en Dallas junto al empresario estadounidense Hayden Davis, uno de los principales responsables del proyecto, y Manuel Terrones Godoy. Los registros también revelaron múltiples contactos de Novelli con Javier Milei, Karina Milei y el asesor presidencial Santiago Caputo durante ese fin de semana.
Las comunicaciones no demostraban por sí solas la existencia de un acuerdo delictivo, pero sí establecían un contacto directo entre el Presidente y uno de los organizadores del lanzamiento inmediatamente antes y después de la promoción de $LIBRA.
El documento de los US$5 millones que comprometía a los hermanos Milei
Otra de las pruebas centrales apareció en los archivos recuperados del teléfono de Novelli.
Los investigadores encontraron una nota creada el 11 de febrero de 2025, apenas tres días antes del lanzamiento de $LIBRA, que describía un supuesto acuerdo económico por 5 millones de dólares con Hayden Davis.
El documento contemplaba tres desembolsos: un adelanto de 1,5 millones de dólares, otro pago de 1,5 millones vinculado con un anuncio presidencial sobre Davis y un tercer desembolso de 2 millones relacionado con un contrato presencial con Milei sobre blockchain e inteligencia artificial, con intervención de Karina Milei.
La Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) confirmó que la nota había sido creada por Novelli en la fecha indicada. Es decir, la existencia del documento y su autoría quedaron acreditadas mediante una pericia oficial. Sin embargo, esa comprobación no significaba que el acuerdo hubiera sido efectivamente aceptado o ejecutado.
El juez consideró que, al tratarse de un borrador sin firmas y sin constancias de envío o aceptación por parte de los hermanos Milei, no podía utilizarse como prueba suficiente de un pacto ilícito.
La investigación también había recuperado otro archivo, denominado LOI_Kelsier.docx, vinculado con Kelsier Ventures, la empresa de Davis, que reforzaba la existencia de negociaciones comerciales previas al lanzamiento.
La reunión con Hayden Davis y las transferencias millonarias
El 30 de enero de 2025, dos semanas antes del escándalo, Hayden Davis se reunió con Javier Milei en Casa Rosada.
La investigación comprobó que el ingreso del empresario estadounidense había sido autorizado por Karina Milei, quien estaba a cargo de la Secretaría General de la Presidencia.
Después de ese encuentro se identificaron movimientos de fondos digitales por aproximadamente 5 millones de dólares realizados por Davis hacia cuentas relacionadas con personas del circuito financiero utilizado por Novelli.
La coincidencia entre el monto de esos movimientos y los 5 millones mencionados en el borrador del acuerdo despertó sospechas entre los investigadores y denunciantes.
No obstante, no se acreditó judicialmente que esos fondos hubieran llegado a Javier o Karina Milei ni que constituyeran pagos por la promoción de $LIBRA.
El expediente también incorporó registros de las visitas de Novelli y familiares a cajas de seguridad bancarias antes y después del lanzamiento. El primer día hábil posterior al derrumbe de la criptomoneda regresaron al banco y, cuando la Justicia inspeccionó posteriormente las cajas, estaban vacías.
Aunque los movimientos resultaban llamativos por su proximidad temporal con el escándalo, tampoco pudo establecerse qué contenían los bolsos registrados por las cámaras ni si guardaban relación con los fondos de Davis.
El papel de Karina Milei y los presuntos pagos por acceder al Presidente
La investigación sobre Karina Milei tuvo características diferentes de las relacionadas con su hermano.
Mientras Javier había promocionado públicamente la criptomoneda, las sospechas sobre la secretaria general de la Presidencia apuntaban a su posible intervención en un sistema de intermediación que permitía a empresarios acceder al mandatario a cambio de pagos.
Entre los documentos recuperados del teléfono de Novelli aparecieron propuestas comerciales que ofrecían contactos con Javier y Karina Milei mediante acuerdos de confidencialidad y pagos en criptomonedas.
También surgieron referencias a pagos periódicos vinculados con la relación comercial previa entre Novelli y el actual Presidente. Los registros incluían menciones a pagos mensuales de 2.000 dólares cuando Milei era diputado y una referencia posterior a reunir 4.000 dólares para Karina.
A estos elementos se sumaban la autorización de la reunión con Davis, las comunicaciones telefónicas con Novelli y la mención de Karina en el borrador del acuerdo millonario.
La comisión investigadora de la Cámara de Diputados también examinó estos vínculos y advirtió sobre posibles pagos indirectos a funcionarios públicos. Sin embargo, ninguna de esas circunstancias permitió demostrar judicialmente que Karina Milei hubiera recibido dinero a cambio de facilitar el acceso al Presidente.
Las pruebas que el juez consideró insuficientes y las investigaciones pendientes
La decisión de Martínez de Giorgi no se basó en negar la existencia de los registros telefónicos, las reuniones o los documentos recuperados.
El magistrado sostuvo que esos elementos, incluso considerados conjuntamente, no permitían acreditar los delitos investigados.
En particular, entendió que los borradores de acuerdos no demostraban compromisos efectivamente asumidos, que las reuniones con empresarios no constituían por sí mismas tráfico de influencias y que la promoción de una criptomoneda especulativa no alcanzaba para configurar una estafa.
Respecto del Presidente, el fallo también recogió el criterio de que su publicación sobre $LIBRA había sido una actuación de carácter privado y no un acto realizado en ejercicio de sus funciones presidenciales.
Sin embargo, una de las principales controversias del expediente fue que la investigación se cerró sin completar la reconstrucción del destino final de determinados movimientos millonarios.
Durante la causa, la Justicia había ordenado congelar 25 billeteras de criptomonedas para identificar a sus beneficiarios. Los investigadores también analizaron transferencias desde las denominadas Team Libra Wallets hacia otras billeteras y plataformas de intercambio.
Parte de esa trazabilidad quedó inconclusa debido a respuestas parciales de las compañías involucradas y a limitaciones técnicas para utilizar determinadas herramientas de análisis financiero.
De esta manera, la decisión judicial llegó sin haber identificado completamente a todos los beneficiarios finales de los fondos que circularon alrededor del lanzamiento.
Una causa cerrada sin indagatorias y con los damnificados apartados
El desenlace judicial también estuvo precedido por decisiones procesales controvertidas. En julio de 2026, Martínez de Giorgi apartó como querellantes a cinco inversores que denunciaban haber sufrido pérdidas económicas por $LIBRA. La decisión fue posteriormente confirmada por la Cámara Federal.
El apartamiento redujo la capacidad de esos damnificados para intervenir en la investigación, solicitar medidas y cuestionar decisiones judiciales.
Mientras tanto, organizaciones como el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) habían reclamado que se avanzara con las declaraciones indagatorias de Javier Milei y otros involucrados.
Finalmente, el fiscal Taiano solicitó el sobreseimiento y el juez hizo lugar al pedido sin que los principales imputados hubieran sido indagados.
La comisión investigadora del Congreso, por su parte, había presentado en noviembre de 2025 un informe que cuestionaba las irregularidades del proceso y advertía sobre la responsabilidad política del Presidente y su entorno en el escándalo.
El resultado deja una distinción central: la Justicia concluyó que no existían pruebas suficientes para atribuir delitos a los hermanos Milei, pero esa decisión no elimina los vínculos, comunicaciones, documentos y movimientos financieros que fueron comprobados durante la investigación.
El interrogante que permanece es si esos elementos fueron efectivamente agotados mediante una investigación completa, especialmente respecto de la ruta del dinero y de las relaciones económicas entre los empresarios involucrados y el entorno presidencial.
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