24.10.2026 / MALVINAS
Malvinas: el proyecto de Milei quedó trabado y preocupa a Estados Unidos
El Gobierno buscó convertir la causa Malvinas en una herramienta para recuperar la iniciativa política y arrinconar a la oposición. Sin embargo, el proyecto impulsado por Santiago Caputo quedó trabado en el Congreso y despertó la preocupación de Estados Unidos por sus posibles efectos sobre empresas norteamericanas.
La apuesta incluyó una cadena nacional, un proyecto para endurecer las sanciones contra las empresas vinculadas con la explotación de recursos en las islas y una ofensiva discursiva destinada a colocar a la oposición frente a una disyuntiva incómoda: acompañar la iniciativa oficial o quedar expuesta a las acusaciones de actuar contra los intereses nacionales.
La estrategia, sin embargo, comenzó a encontrar obstáculos en el Congreso y terminó abriendo un frente inesperado con el principal aliado internacional de Milei: Estados Unidos.
El giro nacionalista
El giro había sido significativo. Milei había expresado públicamente su admiración por Margaret Thatcher y, el 2 abril de 2025, sostuvo que aspiraba a que los habitantes de las islas algún día decidieran "votarnos con los pies", una formulación cuestionada porque otorgaba a la voluntad de los isleños un lugar incompatible con la posición histórica argentina sobre la disputa de soberanía. En septiembre de 2026, el Presidente modificó sustancialmente ese discurso y volvió a reivindicar la doctrina tradicional argentina sobre Malvinas.
Detrás de esa nueva estrategia estuvo Santiago Caputo. El asesor presidencial coordinó la elaboración de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, presentada por el Poder Ejecutivo como un instrumento para castigar a quienes exploten recursos argentinos sin autorización y ampliar las herramientas estatales frente a amenazas externas.
La apuesta no era solamente legislativa. Malvinas pasó a ocupar un lugar central en la comunicación oficial y el propio Caputo, habitualmente alejado de las exposiciones públicas, comenzó a intervenir personalmente en la discusión desde sus redes sociales. Lejos de su antiguo rol de “monje negro”, desde su propia cuenta de Twitter hizo pública la estrategia: todo aquel que se opusiera al proyecto oficial sería considerado “agente británico”.
La totalidad de la gente llorando son agentes de la corona británica. Márquenlos.
— Santi C. (@slcaputo) September 4, 2026
Sin embargo, no todo salió de acuerdo al plan. El intento de convertir el proyecto en una bandera capaz de ordenar al oficialismo y poner a la oposición a la defensiva encontró rápidamente sus límites.
El primer traspié fue en el Congreso
María Ibarzábal Murphy.
La oposición estaba dispuesta a acompañar el núcleo específicamente vinculado con Malvinas: el endurecimiento de las sanciones contra empresas que participen de la explotación de recursos naturales en las islas sin autorización argentina. Las diferencias aparecieron en el resto del articulado.
Uno de los puntos más cuestionados fue el artículo 111, que contempla penas de hasta 12 años de prisión para quienes participen, con financiamiento o instrucciones provenientes del exterior, en acciones destinadas a alterar el funcionamiento institucional, influir sobre procesos electorales o promover campañas de desinformación.
También generaron resistencia la creación de un Consejo de Seguridad Nacional con amplias atribuciones y las facultades previstas para las Fuerzas Armadas.
Ibarzábal Murphy rechazó inicialmente la posibilidad de separar el capítulo sobre Malvinas del resto del proyecto. Tampoco consiguió disipar las dudas de los bloques aliados. El resultado fue el contrario al que esperaba la Casa Rosada: la iniciativa no obtuvo dictamen y quedó afuera de la sesión prevista para el 21 de octubre.
La nueva épica nacionalista del Gobierno no había alcanzado, hasta ese momento, ni siquiera para disciplinar a sus socios parlamentarios.
La preocupación llegó desde Washington
El problema más delicado, sin embargo, apareció fuera del Congreso. El alcance de las sanciones previstas por el proyecto comenzó a generar preocupación en Estados Unidos. La iniciativa no alcanza únicamente a las compañías que operan directamente en las islas, sino también a empresas asociadas, proveedores, accionistas e intermediarios financieros vinculados con ellas.
Eso abrió la posibilidad de que las penalidades terminaran afectando a compañías o fondos estadounidenses con intereses en empresas relacionadas con actividades económicas en el Atlántico Sur.
El diario Clarín reveló el 17 de octubre que funcionarios estadounidenses habían transmitido esa inquietud al Gobierno argentino. "Nuestro interés es que no sean afectadas empresas norteamericanas", señalaron fuentes de Washington citadas por esa nota. La advertencia incluía además un posible impacto sobre futuras inversiones en la Argentina.
Entre los ejemplos mencionados apareció BlackRock, el gigante financiero con sede en Nueva York que mantiene participaciones en numerosas compañías internacionales. Tal como adelantó Política Argentina, de acuerdo al proyecto de ley, empresas como Starlink, de Elon Musk, también deberían ser sancionadas. El interrogante dejó al Gobierno frente a una contradicción difícil de resolver: ¿hasta dónde estaba dispuesto a llevar las sanciones si estas alcanzaban intereses económicos de su principal aliado internacional?
Lo que inicialmente circuló a través de fuentes reservadas terminó siendo reconocido públicamente por Washington. El 22 de octubre, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, visitó Buenos Aires junto con una delegación enviada por el secretario de Estado, Marco Rubio. Durante una conferencia de prensa junto al canciller Pablo Quirno, Landau reconoció que Washington seguía el proyecto con atención.
Pablo Quirno y Christopher Landau.
"Nosotros estamos obviamente viendo los intereses de nuestras empresas. Es natural que cualquier país se preocupe por eso", afirmó. El funcionario aclaró al mismo tiempo que Estados Unidos respetaba el proceso legislativo argentino y evitó formular públicamente un pedido para retirar o modificar el proyecto.
Para entonces, sin embargo, la iniciativa ya se encontraba trabada. Después de cuatro reuniones sin acuerdo, el oficialismo no había conseguido dictamen y había comenzado a admitir modificaciones en algunos de los artículos más cuestionados.
La Casa Rosada quedó así frente a una encerrona que ella misma había contribuido a construir: sostener sin cambios el endurecimiento de las sanciones, aun a riesgo de afectar intereses estadounidenses, o modificar su alcance y exponerse a que la oposición cuestione la consistencia del reciente giro nacionalista.
La expectativa por un giro de Trump que no se concretó
La tensión con Washington resultó especialmente incómoda porque buena parte de la nueva estrategia del Gobierno sobre Malvinas había nacido precisamente de una expectativa depositada en Donald Trump.
El 31 de agosto, consultado por periodistas acerca de si revisaría la posición estadounidense sobre las islas, Trump respondió: "Siempre reviso todas las posiciones. Esa es solo una de muchas".
La declaración fue interpretada con entusiasmo por la Casa Rosada. Días después, Milei convirtió la cuestión Malvinas en el eje de una cadena nacional y anunció el endurecimiento de las sanciones contra las compañías involucradas en la explotación de recursos en el archipiélago.
Sin embargo, Trump nunca afirmó que Estados Unidos fuera a respaldar el reclamo argentino ni anunció un cambio concreto de su política.
Había, además, otro elemento en juego. Una eventual modificación de la posición estadounidense sobre Malvinas había sido evaluada dentro de un conjunto de alternativas para presionar a países de la OTAN que Washington consideraba poco colaboradores durante la guerra con Irán. La señal hacia Buenos Aires podía tener, por lo tanto, menos relación con la alianza entre Trump y Milei que con la propia disputa estadounidense con sus socios europeos.
Esa posibilidad cobró fuerza el 22 de septiembre, cuando Trump se reunió con el primer ministro británico, Andy Burnham. Burnham informó después que había transmitido directamente al presidente estadounidense la posición británica: Londres defendería la autodeterminación de los habitantes de las islas y su voluntad de continuar bajo administración británica.
Según el primer ministro, Trump comprendió la posición que le había planteado. Desde entonces no se produjo el cambio de política estadounidense que esperaba la Casa Rosada. Incluso el gobierno argentino tenía expectativas de que el presidente norteamericano hiciera referencia a la causa Malvinas en su discurso ante la ONU.
No solo no ocurrió: la posición argentina en la ONU se debilitó.
Estados Unidos apuntó contra el Comité de Descolonización
El último golpe para la estrategia argentina llegó desde Naciones Unidas. El 15 de octubre, durante una reunión de la Cuarta Comisión de la Asamblea General, Estados Unidos propuso poner fin al mandato del Comité Especial de Descolonización (C-24), creado en 1961 para examinar la situación de los territorios no autónomos.
Asamblea General de la ONU.
El planteo estadounidense no estuvo dirigido específicamente contra la Argentina ni implicó una resolución inmediata para eliminar el organismo. Washington lo presentó como parte de una propuesta más amplia para reformar y reducir estructuras de Naciones Unidas que considera ineficientes.
Pero el impacto político para la Casa Rosada fue evidente: mientras Milei había apostado a que su vínculo privilegiado con Trump fortaleciera la posición argentina sobre Malvinas, la administración estadounidense impulsaba la eliminación de uno de los principales foros internacionales utilizados históricamente por Buenos Aires para sostener ese reclamo.
Durante la conferencia de prensa con Landau, el canciller Pablo Quirno buscó minimizar la contradicción. Reconoció que el C-24 es un foro que interesa a la Argentina porque allí presenta anualmente su posición, pero sostuvo que su eventual desaparición no produciría "ningún tipo de mella" en el reclamo de soberanía.
Landau, por su parte, pidió no interpretar la iniciativa estadounidense en función de Malvinas y aseguró que forma parte de un programa general de reforma de Naciones Unidas.
El episodio completó una secuencia incómoda para el Gobierno. La Casa Rosada había intentado transformar Malvinas en una causa capaz de recuperar iniciativa política, cohesionar al oficialismo y colocar a la oposición a la defensiva. Un mes y medio después, el proyecto seguía sin dictamen, los aliados exigían modificaciones y Estados Unidos advertía sobre el impacto que las sanciones podían tener sobre sus empresas.
La apuesta que había comenzado como una ofensiva política terminó enfrentando a Milei con una contradicción más difícil de resolver: hasta dónde puede avanzar su nueva política de firmeza sobre Malvinas cuando entra en conflicto con los intereses del gobierno de Donald Trump, el aliado internacional sobre el que construyó buena parte de su política exterior.
La encerrona que el estratega de Milei, últimamente cuestionado incluso dentro del propio gabinete, diseñó para la oposición terminó finalmente por encerrar a su propio gobierno.
Notas relacionadas
Lo más leído
