La Mesa Política del Gobierno volvió a reunirse este martes en la Casa Rosada con las Islas Malvinas como principal tema de discusión. El encuentro comenzó a las 13 encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien esta vez sumó al canciller Pablo Quirno y al ministro de Defensa, Carlos Presti.
La incorporación de ambos funcionarios al espacio responde a la necesidad de avanzar en el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y coordinar las distintas medidas que el presidente Javier Milei anunció durante su discurso por cadena nacional.
El encuentro tiene lugar luego de un fin de semana en el que el Ejecutivo comenzó a traducir los anuncios presidenciales en acciones concretas. Entre ellas, se destacó el avance sobre empresas relacionadas con la explotación de hidrocarburos en las islas, además de las primeras reacciones de compañías internacionales de servicios petroleros y el respaldo expresado por empresarios argentinos.
El Gobierno dio uno de sus primeros pasos con el Decreto 868/2026, publicado después de la cadena nacional, mediante el cual reglamentó y reforzó el régimen de sanciones contemplado en la Ley 26.659 para las compañías que realicen actividades hidrocarburíferas en Malvinas sin autorización argentina.
A partir de esa normativa, la Cancillería quedó designada como autoridad de aplicación y se estableció un mecanismo para investigar y eventualmente sancionar a quienes incumplan la legislación. Además, las empresas que pretendan obtener determinados permisos o concesiones petroleras, o acceder a beneficios del RIGI, deberán demostrar que cumplen con las normas argentinas sobre actividades hidrocarburíferas en el área en disputa.
El nuevo esquema ya comenzó a implementarse. Según informaron fuentes oficiales, la Cancillería inició procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas que el Gobierno señala por realizar actividades relacionadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las islas sin autorización argentina. La medida alcanza tanto a compañías involucradas directamente en los proyectos como a accionistas y otros actores vinculados con esas operaciones.
En paralelo, el Ejecutivo avanzó con una instancia judicial. El canciller Pablo Quirno, con el patrocinio del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, presentó una denuncia penal contra Navitas Petroleum Development & Production, Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates y Eco Atlantic Oil & Gas.
La presentación también contempla a los directivos que eventualmente hayan participado en las actividades cuestionadas por el Gobierno, en el marco de la ofensiva oficial para impedir la explotación de recursos naturales en el área cuya soberanía reclama la Argentina.
Además de la causa Malvinas, cuyo contenido se volvió primordial para el Gobierno luego de las repercusiones que generó la bandera durante el partido entre Argentina e Inglaterra, en la reunión de este martes también se evaluó la estrategia legislativa con proyectos como el Presupuesto 2027, cuyo envío al Congreso debe realizarse antes del 15 de septiembre.
Con detalles aún por pulir, se espera que la hoja de ruta profundice la línea del texto que el Ejecutivo envió, a manera de anticipo, en julio, en el que proyectó una recuperación económica con menor inflación, aumento del salario real, crecimiento de la inversión y una nueva reducción de la pobreza durante el próximo año.
El documento, de 17 páginas, fue remitido por el Ministerio de Economía que encabeza Luis Caputo, en cumplimiento de la Ley de Administración Financiera, que establece la presentación del avance presupuestario antes del envío del proyecto definitivo previsto para el 15 de septiembre.
En agenda del oficialismo también aparece la Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y que busca establecer límites institucionales para impedir que futuras gestiones vuelvan a utilizar al organismo como fuente de financiamiento del Tesoro. En el armado de la estrategia parlamentaria tendrán un rol clave el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en el diálogo con las provincias, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
También se analizó el devenir del proyecto de ley de Inocencia Fiscal II, que también recibió el visto bueno de la Cámara baja y que está próxima a ser tratada en el Senado.
En ese marco, este lunes se confirmó que la Cámara de Diputados sesionará el miércoles a las 12. Por pedido de la oposición, se pondrán sobre la mesa dos temas que incomodan al presidente Milei: el endeudamiento familiar y la prórroga a la Emergencia en Discapacidad.